Bravo ve un «globo sonda» en la propuesta de Montero para la financiación

La Junta de Andalucía considera un «globo sonda» la propuesta trasladada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades para abrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica porque «no entra al fondo» de la cuestión y se limita a plantear «un cálculo sobre población ajustada» pero sin abordar soluciones a la «infrafinanciación» que sufren regiones como la andaluza.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, recordó, en una entrevista con Europa Press, que la ministra María Jesús Montero ya reconoció a su llegada al Gobierno en 2018 que la reforma de la financiación autonómica «no era prioritaria» frente a la «admirable postura que mantenía» en esta materia como consejera de Hacienda «y ahora lo que han remitido es un cálculo sobre población ajustada y ni siquiera es un proyecto de modelo de financiación que planteen ellos».

Bravo advirtió de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que con esa propuesta «Andalucía perdería el 0,5% con respecto al sistema actual», que ya mantiene «infrafinanciada» a la comunidad, con lo que «no sólo no recuperamos lo perdido, sino que empeoramos», mientras que sí beneficia a comunidades como Valencia. En su opinión, el debate no se debe limitar a «la población ajustada» sino que debe abordar otras cuestiones como «si va haber más recursos o no como decía la propia ministra», que como consejera andaluza de Hacienda «defendía incrementar el sistema con 16.000 millones de euros más, 4.000 de ellos para Andalucía, y todo eso no está, con lo cual es simplemente un globo sonda para intentar decir que ya está trabajando en ese sistema de financiación». Bravo destacó que la propuesta de Hacienda «no entra al fondo del sistema de financiación autonómica, porque hay esas variables, pero no habla de los sistemas de inversión que permiten por ejemplo 1.700 millones para el aeropuerto del Prat o la gestión de los fondos Next Generation» e insistió en reclamar un fondo transitorio para evitar que Andalucía siga «perdiendo 800 o 900 millones» con el actual modelo.