Tres juicios más de los ERE fraudulentos de Andalucía se celebrarán este año

El macroproceso sobre los ERE fraudulentos en Andalucía, del que este viernes se ha conocido la segunda sentencia condenatoria para dos exaltos cargos de la Junta, continuará su lento devenir en 2022, en el que de momento se han fijado tres juicios de un caso que se conoció hace más de diez años y se dividió en más de 180 piezas separadas, con cada una de las empresas a las que se destinaron las ayudas de la Junta.

Las dos primeras piezas en llegar a la Audiencia de Sevilla fueron la política, que acabó con la condena de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros ex altos cargos y funcionarios, y la del caso Acyco, del que hoy se ha conocido la sentencia que condena a siete años de cárcel al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. En una histórica sentencia, la de la denominada pieza política o del procedimiento específico, que aún no es firme y está pendiente de los recursos ante el Supremo, la Audiencia condenó en octubre de 2019 a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación por prevaricación y José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y prevaricación.

El tribunal consideró probado que ambos fueron “plenamente conscientes de la patente ilegalidad” con que su Administración, con “absoluta falta de control”, repartió 680 millones de euros entre el 2000 y el 2009. Hubo otros nueve condenados a penas de prisión: a siete años y once meses, el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -ya fallecido- ; a siete años y un día, los exconsejeros Francisco Vallejo y José Antonio Viera, el exviceconsejero Agustín Barberá y el exdirector de Trabajo Juan Márquez; a seis años y medio, el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano; y a seis años, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez. A penas de inhabilitación también fueron condenados los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina y el exdirector de Idea Jacinto Cañete.

En la sentencia conocida este viernes se investigaban los 2,9 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió en 2003 a la mercantil sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco). Según la Fiscalía Anticorrupción, Acyco presentó en marzo de 2003 un ERE para extinguir 35 puestos de trabajo a través de prejubilaciones y una póliza suscrita más tarde con la intervención de Vitalia saltándose el procedimiento legalmente establecido y sin que se vigilara por la administración el cumplimiento del plan de inversiones y de futuro. En el ERE fueron incluidos dos hombres que no trabajaban en Acyco, los llamados ‘intrusos’, uno de ellos un amigo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y otro un excalcalde de San Nicolás del Puerto (Sevilla).

Para 2022 ya están señaladas las vistas orales de otras tres piezas separadas de las más de 180 en las que fue dividió el caso ERE después de que la jueza instructora María Núñez, sucesora de Mercedes Alaya, trocease la causa principal y la dividiese teniendo en cuenta las ayudas a cada una de las empresas. En marzo se celebrará el juicio por las ayudas a un grupo de empresas de corcho vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla; el mismo mes también tendrá lugar la vista oral por las ayudas a Novomag Manufactureras Metálicas; y en noviembre por las ayudas a la panificadora Picos Yeye.