El último examen antes de las notas definitivas del caso ERE

Casi 900 días después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictase sentencia contra diecinueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los abogados de dieciocho de ellos (el otro ha fallecido por el camino) tienen una importante cita en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Allí, ante los cinco jueces que decidirán si sus clientes definitivamente van a la cárcel, son inhabilitados o, por el contrario, se libran de la prisión y de la inhabilitación, defenderán sus recursos contra la inmensa sentencia del primer tribunal, de 1.821 folios ni más ni menos. El examen será el miércoles y el jueves de Feria, ni más ni menos también.

La cita es la vista pública de los recursos de casación presentados contra la histórica sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019, que dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y determinó que los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán desviaron 680 millones de euros en teoría destinados a sufragar expedientes de regulación de empleo y ayudar a empresas en crisis que, sin embargo, acabaron en manos de empresarios afines a la Administración y personas que ni siquiera trabajaban en las mercantiles subvencionadas. El tribunal consideró probado que los condenados conocían la «patente» y «palmaria ilegalidad» del sistema para conceder esas ayudas sociolaborales, marcado por una «absoluta falta de control».

Según la Audiencia, Chaves «participó» en esos hechos, ocurridos entre 2000 y 2009, de ahí que fuese condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Peor le fue a su sucesor, que corre el riesgo de acabar en la cárcel: Griñán fue condenado a seis años y dos días de prisión y a quince de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación.

Cada abogado dispondrá de apenas quince o veinte minutos para resumir los motivos de su recurso. Ardua tarea, ya que hay escritos que superan las 300 páginas. El de Chaves, por ejemplo, denuncia que «no existe prueba de cargo» contra el expresidente, sino «un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones». Así consta en el texto, del 22 de junio de 2020, firmado por el letrado Pablo Jiménez de Parga.

El de Griñán, redactado por José María Calero, se asemeja en la terminología e incide en que el castigo obedece a «presunciones de presunciones». También argumenta que el expresidente no prevaricó porque siempre se rigió por «los informes favorables de la Intervención General». Y en cuanto a la malversación, el tribunal «no narra que sustrajera alguna cantidad de esos fondos para sí ni que permitiera que otros lo hicieran» ni «identifica relación alguna con quienes los gestionaban y administraban (...) ni con quienes los recibieron», afirma.

Y así, uno a uno y con la premura que exige el Supremo, desfilarán ellos dos y los representantes legales de los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo (siete años de cárcel para cada uno) y Carmen Martínez Aguayo (seis años); los exviceconsejeros Agustín Barberá (siete) y Jesús María Rodríguez (seis); el ex director general de Trabajo Juan Márquez (siete); y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (seis).

Por el lado de los condenados ‘sólo’ a penas de inhabilitación intervendrán los abogados de la exconsejera Magdalena Álvarez, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex secretario general de Empleo Javier Aguado, todos con nueve años de condena inicial; y los de la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (ocho años y medio), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (nueve años) y el ex director de IDEA Jacinto Cañete (ocho años y medio).

No estará, en cambio, el abogado de uno de los personajes clave de la trama de los ERE, Francisco Javier Guerrero. Condenado a siete años de prisión, el ex director general de Trabajo murió por una neumonía en octubre de 2020 y la Justicia archivó la causa contra él por extinción de responsabilidad penal. Tampoco comparecerán los defensores de los únicos acusados que fueron absueltos: Manuel Gómez, interventor general de la Junta, y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico.

Los demás tendrán que convencer a los jueces de que sus argumentos son mejores que los de la Audiencia y la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en otro escrito ingente, de 789 folios, solicita la confirmación íntegra de la sentencia del llamado procedimiento específico de los ERE e insiste en que existió un «plan» preconcebido y orquestado de forma «colectiva, colegiada y compartida».