Anticorrupción se opone a suspender la pena y avala el ingreso en prisión de Griñán

La Fiscalía Anticorrupción se opone a suspender la pena de seis años de cárcel del expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por malversación en el “caso ERE”, y de los otros ocho exaltos cargos del PSOE también involucrados en la mayor causa de corrupción de Andalucía. El Ministerio Público ha contestado a la Audiencia Provincial de Sevilla que no cree que haya que esperar al trámite de los indultos que los propios condenados han solicitado, lo que en la práctica supone un aval para su ingreso inmediato en prisión. La opinión de los fiscales no es vinculante y ahora la decisión queda en manos de los magistrados que dictaron sentencia, quienes no tienen un límite de tiempo para decidir.

En un escrito que Anticorrupción presentó este jueves, explican que “tratándose de la ejecución de la pena impuesta no cabe apreciar tal dilación [la de retrasar el ingreso en prisión] máxime si tenemos en cuenta que en la sentencia firme se recoge expresamente que durante la tramitación de toda la causa no se han producido dilaciones que hayan merecido la consideración de indebidas con la consiguiente atenuación de la pena”.. Dicen los fiscales que paralizar la entrada en prisión de un condenado no puede ser “el principio general” sino que debe tener “carácter excepcional” y nombra doctrina del Tribunal Constitucional que dice que “en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas”.

Anticorrupción tampoco quiere que se interrumpa la ejecución de la condena por prevaricación que afectan a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández (penado con 7 años y 11 meses de cárcel) y José Antonio Viera (7 años y 1 día); el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo (7 años y 1 día); el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá (7 años y 1 día); la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (6 años y 2 días); el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar (6 años y 6 meses); el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez (3 años); y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez (6 años y 2 días).

El Tribunal Supremo ya ratificó el pasado mes de julio la condena de seis años de cárcel por prevaricación y malversación que había impuesto en 2019 la Audiencia Provincial a Griñán. Avaló también todas las penas de entre siete años y once meses impuestas al resto de cargos del Gobierno socialista andaluz por un sistema “fraudulento” de ayudas que calcula una cuantía malversada de 680 millones de euros.

El Tribunal Constitucional establece en su doctrina el límite de los cinco años de cárcel para poder aplicar la suspensión de la condena y eludir así el ingreso inmediato en prisión. La sentencia firme y con condenas superiores a los dos años (caso de Griñán, por ejemplo) suponen el ingreso casi automático en un centro penitenciario, si bien está supeditado al momento en el que el tribunal que firmó la sentencia lo ordene. Es decir, todo queda ahora en manos de la Audiencia de Sevilla que ya tiene su mesa la opinión de Anticorrupción y, aunque no vincula, sí suele tener un peso importante.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial había preguntado a las partes -tanto la Fiscalía como el PP andaluz que ejerce de acusación popular- si debía valorar el indulto para paralizar la entrada en prisión hasta su resolución. La sentencia del Tribunal Supremo deja clara la condena a 16 excargos socialistas por una trama que consistió en repartir “de forma arbitraria” y “al margen de todo control” millones de euros a lo largo de toda una década. De ellos, otros seis están sancionados con inhabilitación absoluta para empleo o cargo público como autores de un delito continuado de prevaricación, situación que afecta al expresidente Manuel Chaves; al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez. Ninguno de ellos ha pedido el perdón de la pena.

Mientras la Audiencia decide, el Ministerio de Justicia sigue tramitando los indultos parciales solicitados por los exaltos cargos condenados. Estos son los exconsejeros andaluces Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, así como el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Las familias están recabando firmas de apoyo y, entre los firmantes, hay destacados dirigentes socialistas así como una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda; el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, el cantante Miguel Ríos o el cineasta José Luis Garci.