¿Qué pasará ahora con Griñán y el resto de condenados a la cárcel por el “caso ERE”?

La siguiente cuestión tras la publicación de la sentencia del recurso de los ERE pasa por conocer qué va a pasar ahora con los encartados y qué pasos prevén dar para tratar de evitar la cárcel los condenados a ello. El pasado julio, el Supremo adelantó el fallo que, por un solo voto, ratificó la condena de seis años de prisión que impuso la Audiencia de Sevilla al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y de nueve años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, así como, entre otros, los nueve años de inhabilitación a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

La baza principal de los acusados a la hora de recurrir es que dos de la magistradas que formaron parte del tribunal defienden la absolución de Griñán y de otros cuatro exaltos cargos condenados (entre ellos la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo), por el delito de malversación, lo que evitaría la pena de prisión para el expresidente andaluz y los otros encartados.

Una vez notificada la sentencia, el posible ingreso en prisión de Griñán está a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional respecto al anunciado recurso de amparo de su defensa. Antes, el abogado de Griñán deberá instar el incidente de ejecución de sentencia, como ya ha anunciado, pues hasta que el Supremo no rechace esa última vía para tumbar el fallo no podrá acudir en amparo al tribunal de garantías.

El Tribunal Constitucional puede suspender cautelarmente la pena, hasta que resuelva ese recurso, para evitar un perjuicio irreparable en caso de que finalmente apreciara una posible vulneración de derechos fundamentales, como apuntan los votos particulares. Sin embargo, habitualmente el Constitucional no acuerda esa medida (aunque ha habido excepciones) cuando, como es el caso, las penas de prisión son superiores a cinco años.

La otra vía que puede librar al expresidente andaluz de entrar en prisión es el indulto del Gobierno, una medida de gracia que debe acordar el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Justicia, en este caso la ministra Pilar Llop. Desde que se conoció el fallo del Supremo, partiendo del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pasando por la ministra de Justicia (que señaló que no sería «la primera vez») , el Ejecutivo central viene allanando el camino al indulto, cuya petición ya ha sido registrada por la familia de Griñán apelando con sus 76 años a «razones de humanidad y de equidad» y a sus servicios a España como ministro y presidente autonómico, entre otros cargos. En los últimos 26 años, se han concedido hasta 152 indultos por malversación. La petición de la medida de gracia también alude a que no ha habido enriquecimiento. No obstante, el tribunal señaló que no es cierto que la sentencia no declare que Griñán «actuó con una deliberada intención ilícita y contraria a los principios de objetividad e imparcialidad que deben guiar la actuación de la administración pública». Desde que la juez Alaya arrancara la instrucción hace más de once años, un total de 16 magistrados han estudiado la causa y 12 de ellos apuntan a la prevaricación y malversación de caudales. Cuatro jueces (dos en el voto particular del Supremo, el tercero un magistrado jubilado también del TS y la cuarta la jueza que sustituyó a Alaya en la Instrucción) descartan la malversación, al menos, en el caso de Griñán y otros ex altos cargos. En principio, el recurso de amparo y la petición de indulto podrían paralizar el ingreso en prisión mientras se tramitan.