La Renta de Inserción y el Ingreso Mínimo, convivencia obligada

La creación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 por parte del Gobierno de España ha generado un problema en las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que contaban ya con Rentas Mínimas de Inserción dirigidas al mismo colectivo social. Ambas son prestaciones destinadas a crear una última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social, pero cada una de ellas cuenta con requisitos, cuantía y extensión heterogénea y son gestionadas por distintas administraciones.

Durante este tiempo, la convivencia de ambas prestaciones que otorgan administraciones distintas se ha tratado de solucionar de formas diversas. La más tajante ha sido el acuerdo formalizado entre el Estado y el País Vasco para directamente transferir las competencias «dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad». Cataluña ha pedido también asumir esa competencia, pero, de momento, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha negado al considerar que es «inconstitucional».

En el caso de Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se reunió en septiembre en Madrid con el ministro Escrivá y anunció un acuerdo para «cogestionar» el Ingreso Mínimo Vital. La intención es que esta prestación no se solapara con la Renta Mínima de Inserción que concede Andalucía. El objetivo era evitar las contradicciones que se producen en la gestión diaria y que el dinero llegue efectivamente a las familias que lo necesiten. Esa «cogestión» no se ha materializado.

En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer la modificación del decreto que regula la cuantía de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa), que cada mes da cobertura a unas 6.500 familias andaluzas en situación de pobreza. El texto aumenta un 45% de media la cuantía de la misma y reduce la brecha que le separaba con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de ámbito estatal.

A partir de la entrada en vigor del texto, la prestación base para cualquier persona que solicite la Renta Mínima sube de los 451 euros actuales para una persona sola hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30% por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22%, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. De esta forma, la cuantía máxima pasará de los 839 a los 1.173 euros.

Además, este cambio normativo, explicó la consejera, pretende «poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, la estatal y la autonómica, ya que las constantes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de cogestión del IMV hacen que cobrar ambas ayudas deriven en pagos indebidos que después la administración regional está obligada a reclamar a las familias».

El decreto también dará «cobertura con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a las familias que se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital», entre otras, las que pasen «por una situación de urgencia o emergencia social» como son casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave.