El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea que definirá el encaje definitivo de Gibraltar tras el Brexit –ocho años después del referéndum– sigue sin ver la luz mientras la comarca se desespera. Una zona que depende en gran medida de las buenas relaciones con el Peñón y que percibe con desasosiego que los actores que negocian el futuro tratado no concretan plazos ni condiciones. Especialmente preocupados se muestran los trabajadores españoles que acuden diariamente a la colonia, unos 15.000 aproximadamente, que reclaman concreción en cuanto a los controles en la frontera y que se sustancien temas como las futuras pensiones o el régimen tributario.

Tal es la dependencia de las ciudades y pueblos de la comarca con la Roca que el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona está vinculado a la economía de Gibraltar, según un informe elaborado por la Cámara de Comercio del Peñón. En el caso concreto de la Línea de la Concepción, municipio fronterizo, la cifra se eleva al 70%, por lo que «la no firma del acuerdo supondría una debacle y una ruina total y completa para La Línea», según alerta la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar.

Según este colectivo, una falta de acuerdo o el endurecimiento de los controles en la frontera –algo que ya están experimentando los trabajadores, que tienen que soportar largas colas para llegar a sus puestos– «supondría un éxodo masivo, el segundo después del cierre de la frontera en 1969», por lo que estos profesionales «no podrían ser absorbidos por el mercado laboral actual de la comarca».

Junto a ello, la asociación pide más inversión pública en este municipio, «el más afectado por un acuerdo o por la ausencia del mismo». Además, reclama a los representantes políticos que impulsen una fiscalidad

especial para la comarca, «en beneficio de su desarrollo y para reducir su dependencia de Gibraltar».

El colectivo centra sus críticas en el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, después de que dijera que los 18.000 puestos directos del puerto de la ciudad están en el aire por la no firma del acuerdo. «Estos puestos de trabajo no están peligro. Es más, el puerto crece cada vez más en el ámbito del transporte de mercancías, que es lo que genera más actividad económica. La terminal está desviando el tráfico de pasajeros hacia Tarifa porque carece de espacio físico para tal fin», subraya.

Mientras, el ambiente en la comarca se caldea. Tanto que mañana viernes el Gobierno local de La Línea, con su alcalde Juan Franco a la cabeza, ha convocado una manifestación para reclamar un acuerdo ante la «incertidumbre existente». El Consistorio quiere que sea una «marcha histórica» para exigir «una respuesta inmediata a los graves problemas que afectan a la ciudad», subrayando la situación crítica actual «debido a la falta de un acuerdo post-Brexit, que amenaza la estabilidad económica de miles de familias y empresas». Además, «no queremos repetir otro 1969 cuando el cierre de la verja hundió en la miseria a la localidad», alertando de que el impacto económico y demográfico de la falta de acuerdo «sería devastador».

Igualmente, recuerda que son miles las personas que cruzan a diario la frontera para trabajar en Gibraltar, reiterando la importancia de participar en esta manifestación «porque está en juego no solo el futuro de unos pocos, sino el bienestar y la dignidad de toda la ciudad».

Por su parte, el denominado grupo transfronterizo –integrado por empresarios y sindicatos– considera que las negociaciones se encuentran «en su fase final» y que, «aunque existe voluntad de acuerdo entre las partes, los escollos finales podían dar al traste con el ansiado acuerdo».

«Después de los muchos desacuerdos superados, no resultaría de recibo que la negociación se fuera al traste por cuestiones que consideramos menores», señala.

Desde el grupo transfronterizo trasladan a los responsables gubernamentales su «reiterada apuesta» por un acuerdo que «dé certidumbre a la ciudadanía y que convierta en texto legal el compromiso político contemplado en el llamado Acuerdo de Nochevieja». Así, como representantes de la sociedad civil, consideran «imprescindible» un acuerdo para posibilitar la desaparición del paso fronterizo y el desarrollo de «la tantas veces prometida Zona de Prosperidad Compartida».