El acuerdo con ERC va contra lo que prometió Juan Espadas en la campaña de las andaluzas

Los programas electorales de los partidos políticos cada vez valen menos. También sus afirmaciones contundentes de que jamás tomarían una determinada decisión –pactar con Bildu, indultar a los políticos catalanes o amnistiar a esos mismos políticos, por ejemplo, promesas todas ellas de Pedro Sánchez–. Atrás quedaron los tiempos en los que el candidato se iba a incluso al notario a firmar un compromiso solemne con la ciudadanía para demostrar su voluntad férrea de cumplir su palabra. Pero la realidad es que los programas electorales se siguen haciendo y aunque sean cada vez menos concretos y abusen de palabras huecas, quedan ahí como testimonio de lo que trasladaron a los votantes para pedirles su apoyo. Y el programa con el que se presentó el PSOE andaluz de Juan Espadas a las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 planteaba, en materia de financiación autonómica, todo lo contrario a lo que Pedro Sánchez ha autorizado para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

En la página 178 del programa se aboga «por una financiación más justa con Andalucía» y se señala que «el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas define la clave de bóveda de la arquitectura constitucional de un Estado descentralizado como el nuestro». Una trascendencia que ahora ha saltado por los aires tras avalar el Gobierno de España la negociación bilateral con Cataluña y romper la interlocución con el resto de autonomías.

Señala el programa electoral con el que se presentó Juan Espadas que «los y las socialistas consideramos que el sistema de financiación ha de reformarse para corregir las ineficiencias y las inequidades que se manifiestan en diferentes niveles de financiación para las mismas competencias» y se argumenta que «es necesario avanzar en la resolución de los problemas que se han observado en la aplicación del modelo desde 2009: desde su adecuación a momentos de crisis económica (como los vividos desde 2011 y que llevaron a situaciones muy injustas con las comunidades autónomas por parte del gobierno central del PP), hasta las diversas interpretaciones posibles de la Ley 22/2009 que han conducido a resultados finales del modelo muy diferentes entre sí y que perturban la necesaria equidad del sistema».

En ese sentido, se recuerda que «las mejoras que proponemos del sistema de financiación están básicamente recogidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en relación con el informe del grupo de trabajo relativo a financiación autonómica, aprobado por la mayoría del Parlamento de Andalucía en marzo de 2018».

Ese informe, avalado por el PSOE, la izquierda andaluza y por el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía fue impulsado por la entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, persona encargada de cumplir el acuerdo ya ratificado por las bases de ERC.

El programa del PSOE andaluz también señala lo que denomina algunos «vectores» del nuevo modelo, utilizando de nuevo una terminología contundente, una especie de «líneas rojas» que, en teoría, deberían respetarse.

Así, apunta que el nuevo modelo debe «dirigirse a las personas y no a los territorios, puesto que todas las personas tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos, sea cual sea su lugar de residencia, sin que aparezca como determinante su capacidad fiscal. Este es el sentido de la exigencia de equidad del sistema que requiere la igualdad de todos los españoles y españolas a la hora de acceder a los servicios públicos fundamentales, vivan donde vivan».

De nuevo, todo lo contrario a lo pactado entre el PSC y ERC que ha avalado Pedro Sánchez y en el que se persigue todo lo contrario: blindar los derechos solo de aquellos que residen en Cataluña e incluso se acepta el principio de ordinalidad. Eso significa que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Nuevamente se priorizan los «territorios» en lugar de las «personas», un asunto vehicular que se explicaba en el dictamen sobre financiación aprobado en el Parlamento andaluz y que Juan Espadas resaltó en su programa electoral.

Otro de los aspectos que se priorizaban era que «para corregir los desequilibrios económicos entre los territorios y hacer efectivo el principio de solidaridad, abogamos, en consonancia con lo establecido en el artículo 158.2. de la Constitución Española, por aumentar las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial, el cual ha perdido importancia a lo largo de los años, en detrimento del avance de la convergencia regional en renta y PIB por habitante», se señalaba.

Por último, se abogaba igualmente por «revisar la definición de la población ajustada, elemento clave en el reparto de los recursosdel sistema de financiación entre las Comunidades Autónomas», otro elemento que pasa ahora a un segundo plano gracias a la financiación a la carta para Cataluña.

Signos de cierre de filas con Pedro Sánchez

Lo lógico es que la dirección del PSOE andaluz cierre filas con Pedro Sánchez y renuncie a los principios que ha defendido hasta la fecha en materia de financiación autonómica. De momento, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, señaló ayer que es «clave» mejorar la financiación de comunidades como Cataluña, «que quiere iniciar una etapa de progreso, normalización y convivencia, mejorando al mismo tiempo la de comunidades como Andalucía, que está infrafinanciaciada en sus servicios públicos por el actual modelo». A través de sus redes sociales, Espadas añadió que «solo un sistema que garantiza la solidaridad entre territorios es justo y constitucional».»Eso es lo que apoyan los socialistas andaluces», apuntó.