Sucesos
Investigada por suministrar parches de fentanilo sin prescripción médica a un enfermo grave que murió
Los agentes descubrieron que el fallecido había entablado una amistad en redes con la ahora investigada
La Guardia Civil investiga a una mujer de 70 años de Adra (Almería) que suministró tres cajas de parches de fentanilo a un hombre con una enfermedad grave, el cual murió posteriormente, sin ningún tipo de prescripción médica ni capacitación para ello.
Según ha indicado la Guardia Civil, fue la hija del difunto quien presentó el 24 de marzo una denuncia tras localizar en la viivenda de su padre las cajas del medicamento, cuyo origen desconocía. Las mismas contenían parches transdérmicos de fentanilo de 25 microgramos, un medicamento opioide de uso hospitalario y que no le había sido prescrito.
Así, en el marco de su investigación, los agentes descubrieron que el fallecido había entablado una amistad en redes con la ahora investigada M.S.M.L., quien adquiría el medicamento de forma regular en nombre de su esposo, el cual estaba diagnosticado de una enfermedad crónica.
La investigada, al conocer que su amigo padecía una enfermedad grave con episodios de dolor, le habría entregado voluntariamente tres cajas de parches con fentanilo, "sin ánimo de lucro y sin tener conocimiento de los riesgos sanitarios asociados" a su consumo.
Ante esta situación, la mujer ha sido investigada por un presunto delito contra la salud pública, de forma que las diligencias instruidas en el marco de la operación 'Fenta' han sido puestas a disposición de un juez de Berja (Almería).
Desde la Guardia Civil han recordado que el fentanilo es un fármaco sometido a control especial por potencial peligrosidad y uso restringido. La administración de este tipo de medicamentos sin control médico puede producir efectos adversos graves, incluyendo síndrome de abstinencia, sobredosis o fallecimiento, especialmente en personas no habituadas al uso de opioides.
Asimismo, han recordado que la distribución no autorizada de medicamentos sometidos a control especial pueden constituir un delito contra la salud pública, incluso cuando no exista ánimo de lucro.