«Esta corporación siempre se ha mostrado dispuesta a cumplir con las decisiones judiciales respecto a El Algarrobico y, si no hemos hecho estos cambios antes, ha sido porque tenemos la ausencia de un secretario municipal y quien ocupa ahora esa plaza en funciones lo hace a tiempo parcial, porque trabaja también con otro ayuntamiento», afirmó el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, tras conocerse que el Consistorio habría corregido su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los términos exigidos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a declarar como no urbanizable el paraje de El Algarrobico, donde se erige el conocido hotel declarado ilegal, por ocupar terreno natural e incumplir la Ley de Costas.

«Nosotros vamos a dar los pasos que se están requiriendo, pero tenemos que hacerlo teniendo en cuenta nuestra capacidad de trabajo y la obligación real de atender todos los asuntos que necesita el pueblo carbonero para su funcionamiento en cuestión de su urgencia», explicó el regidor, que gobierna como único concejal de Ciudadanos, con el apoyo hasta ahora alternativo de concejales del PSOE y del PP, pero tras liderar una moción de censura fructífera contra el ahora independiente, si bien candidato popular, Felipe Cayuela. «Solo me puedo limitar a seguir la legalidad y ejecutar las sentencias que se nos indiquen, porque se trata de un asunto antiguo y son decisiones previas a este gobierno municipal que se limita a hacer las cosas bien», manifestó Hernández, tras un nuevo paso hacia el desenlace del eterno pleito para conseguir el derribo del edificio. «Nosotros nunca obstaculizaremos la acción de la justicia», incidió el alcalde de Carboneras a La Razón, asegurando que «procederemos como sea pertinente» y sin entrar en mayores valoraciones sobre cuál sería el mejor final de un asunto polémico los últimos veinte años.

No obstante, tanto la Junta de Andalucía como Greenpeace han trasladado al TSJA que dan por bueno el cambio ejecutado en el planeamiento, según la documentación aportada por el Ayuntamiento. La administración autonómica señaló incluso que «se han solventado los errores materiales apuntados en anteriores escritos, considerando que con ello se da cumplimiento» a los tres primeros puntos de la providencia emitida por la Sala en diciembre de 2024.

Sin embargo, quedaría pendiente un último y cuarto punto determinante para consolidar esta declaración de no urbanizable y es «que se publique la normativa corregida en ejecución de la sentencia en documento oficial, en el Boletín Oficial de la Provincia de la Provincia de Almería (BOP)”, como destacó el abogado de la causa medioambientalista, el activista y abogado José Ignacio Domínguez». «Esto mismo ya ocurrió hace unos años y no se publicó al final» recordó, si bien no esconde que «se trata de un paso determinante para avanzar hacia la anulación de la licencia de obras a la promotora Azata del Sol». Ese próximo escollo, que tendrá que superar también las alegaciones y la propia documentación y permisos en poder de la constructora podría demorar aún «durante dos o tres años más», según Domínguez, un proceso que volvió a plena actualidad tras el anuncio del Gobierno central de expropiar los terrenos donde se ubica el hotel para acelerar su demolición.

«El derribo será una realidad este mismo año», aseguró en su última intervención sobre el asunto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciando nuevos avances para conseguir ese «objetivo» y «pese a no contar con el respaldo de la Junta, que solo tiene como vía única la anulación municipal de la licencia de obras». «Nosotros estamos cumpliendo plazos y vamos a acabar con uno de los mayores atentados medioambientales que ha sufrido la costa andaluza», aseguró Montero, confiando en una estrategia también recurrida por Azata del Sol, que además solicitó 60 días hábiles para estudiar el expediente ante su complejidad y para poder plantear observaciones, pero el Gobierno solo amplío el período en ocho días más. «Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo», enfatizó Montero ante los medios de comunicación, sin mencionar que se construyó durante gobiernos socialistas que dieron el visto bueno e impulsaron en su día la consecución de este proyecto.

En cuanto a lo que se refiere a este procedimiento de ejecución enmarcado en el recurso contencioso que condujo a la anulación parcial del PGOU de Carboneras y la obligación de clasificar como no urbanizable el sector ST-1, correspondiente a El Algarrobico, y el ST-2, de El Canillar; se ajustaría por fin a la protección establecida desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural. En este sentido, llama también la atención la incorporación en este mismo proceso de un escrito del Ayuntamiento de Carboneras en el que se comunica la renuncia de su anterior abogado y la designación como nuevo letrado de la defensa municipal de Juan Marfil, ya notificada al resto de partes.