Consumada su puesta en libertad con cargos, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, fue a visitar su despacho en el Palacio Provincial para la celebración de una reunión urgente en la que estaban presentes, entre otros, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y varios alcaldes representativos de la provincia. El objetivo era trasladarle el «daño» reputacional para el partido cuando comienza un largo ciclo electoral en toda España el próximo mes de diciembre en Extremadura y que continuará, entre otras, con las elecciones autonómicas andaluzas. En el horizonte también la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales. Finamente, la solución de consenso alcanzada se comunicará públicamente esta mañana, en la que el propio Repullo dará una rueda de prensa a las 10:30 horas en la sede provincial, en la que estará acompañado por el actual presidente del PP de Almería y consejero del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. Todo apunta a que García dejará sus responsabilidades políticas.

Durante la detención de José Aureliano García, el vicepresidente primero de la Diputación de Almería, Ángel Escobar Céspedes, asumió la presidencia en funciones de la institución provincial. Una vez que ha recuperado su libertad, tendría que dejar el acta para abandonar su cargo.

De forma paralela, el PP andaluz también suspendió de militancia a los cargos implicados, toda vez que el Comité de Derechos y Garantías del partido ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Rodrigo Sánchez y Fernando Giménez.

La situación judicial del presidente de la Diputación de Almería va para largo. Antes de la reunión con el PP, en «cinco minutos» y «con una aportación de documentación» se resolvió su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, según explicó su letrado, Joaquín Monterreal, que lo defenderá de la comisión de los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. El dirigente del Partido Popular, ahora suspendido de militancia, como los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un funcionario de la institución, salieron en libertad con cargos. Todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además de la obligación de hacer entrega de sus pasaportes y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

«En ningún momento ha ocultado nada: facilitó toda la documentación que obraba en su despacho», manifestó el letrado de Javier Aureliano García.