En Andalucía no se detectan corruptelas a gran nivel

El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Ricardo Puyol, asegura que en estos momentos el organismo no ha “detectado corruptelas a gran nivel”, sino principalmente irregularidades en materia urbanística que no son constitutivas de infracción penal en su mayoría.

"Los ERE terminaron", dice Puyol en una entrevista con EFE, en la que destaca que desde que en abril entró en funcionamiento la página web de la OAAF se ha producido un “salto cualitativo” en el número de denuncias recibidas: En 2021 fueron solo dos, el ejercicio pasado se llegó a las 35 y en lo que va de año son ya 284.

Del total de 321 denuncias, 150 se refieren a entes locales (47 %), 104 a la Junta de Andalucía (32 %), 54 a otros organismos (17 %) y a de universidades (13,4 %). Entre los denunciantes, 279 (87 %) no han solicitado protección, frente a los 42 (13 %) que sí la han pedido. Por materias, 130 (41 %) han tenido su origen en algún asunto vinculado al personal o los recursos humanos; 53 (17 %) a autorizaciones y licencias urbanísticas; 30 (9 %) a contratos; 17 (5 %) a incompatibilidades, y 91 (28 %) a otros motivos.

En el caso concreto de Almería, provincia que Puyol ha visitado esta semana y en la que en su día ejerció como juez en Purchena y Roquetas de Mar, solo se han presentado siete denuncias, el 2,18 % del total. Tres de ellas se refieren a posibles conflictos de intereses por parte de otros tantos consistorios; también se ha denunciado el posible cobro de un empleado de un puerto y un conflicto de interés en la provisión de un puesto de trabajo en otro puerto. También ha sido denunciada la Junta por irregularidades en una residencia de menores. La última de ellas no ha sido admitida al “carecer de fundamento”.

“¿Qué beneficio tiene la interposición de una denuncia ante la OAAF? El coste es absolutamente cero, no te tienes que identificar, tu denuncia va a ser protegida íntegramente, y tú también vas a estar protegido como denunciante”, asegura Puyol. También destaca que la OAAF realiza un “primer control de verosimilitud”, y en el caso de que se haya cometido un delito, tiene “capacidad para recopilar material inculpatorio”.

“Tengo la obligación de recopilar ese material y ordenarlo. El fiscal ya recibe una información que ha sido perfectamente determinada, contrastada por parte de una autoridad que además tiene conocimientos en la materia”; abunda. Pero no todo tiene por qué ser delito que requiere de un desarrollo jurisdiccional en el ámbito administrativo. “Hay una multitud de acciones, de irregularidades diarias, que se cometen en el marco de la Administración pública que necesariamente tienen que ser objeto de corrección. Ahí sí tenemos un papel y una labor mucho más determinante”.

Puyol destaca que con más de 850 kilómetros de costa, “el urbanismo es un aspecto de la legislación administrativa muy importante”. “Empezamos a notar que la entrada de estas denuncias urbanísticas tiene un papel muy relevante. Y también en materia de personal. La Administración es vastísima. La andaluza es la segunda más importante a nivel nacional con casi 300.000 funcionarios, sin contar los ayuntamientos, diputaciones, universidades,...”, abunda. “Hay que sectorizar el territorio y los tipos de Administraciones”, resalta Puyol, quien considera que las “instituciones más pequeñas tienen un control un poco más difuminado”. “Se cometen ciertas irregularidades que no son graves, pero que sí pueden generar un caldo de cultivo idóneo para que se produzcan fraudes un poco más importantes”.

Puyol destaca el papel de la OAAF y pone como ejemplo el caso de los ERE: “Fue un supuesto de irregularidad que fue de menos a más como consecuencia de la ausencia de controles intermedios. La actuación de la oficina, probablemente, no hubiera evitado el principio, pero sí hubiera cortado el desarrollo final de todas las corruptelas”, concluye.