Andalucía Emprende verificará subvenciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha conocido el plan de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para tratar de sacar el máximo provecho a la Fundación Andalucía Emprende, un organismo público que ha pasado por varias etapas desde su constitución.

La intención es que este organismo preste servicios «a través de encargos» lo que permitiría ofrecer «una serie de beneficios para los poderes adjudicadores que utilizan esta figura en detrimento de la contratación pública tradicional».Se pretende así aprovechar «la adscripción de la Fundación a diferentes Consejerías en distintas legislaturas» lo que le ha permitido desarrollar «acciones de información, apoyo y gestión propias del ámbito competencial de la entidad de la que ha dependido orgánicamente».

La Consejería de Universidad justifica la medida en que Andalucía Emprende persigue «los mismos objetivos e intereses que la Administración de la que depende», circunstancia que hace que no tenga el «lógico sesgo que supone el interés comercial y económico de los proveedores privados» al tiempo que le permitirá «generar sinergias operativas y conocimiento común entre líneas de trabajo con estrecha relación entre sí, pero desarrolladas para distintas Consejerías que pudieran actuar como poder adjudicador».

En el bloque de tareas con sus correspondientes tarifas se encontraría el Servicio de asesoramiento y tramitación de ayudas e incentivos y el de verificación, adecuación y justificación de expedientes.

El primer de ellos es el que tradicionalmente ha desarrollado la Fundación. El segundo, que puede resultar más novedoso, consiste en apoyar «aquellas tareas de verificación de documentación, cotejo de la adecuación a una actuación y justificación de expedientes que requiera una Administración Pública para la resolución de sus convocatorias de ayudas, incentivos u otro tipo de actuaciones».

La relación entre el sector público instrumental y los funcionarios siempre ha sido polémica en el seno de la administración andaluza. Especialmente por las atribuciones que debe realizar el personal de cada uno de ellos, en especial relativo a las potestades públicas, reservadas al colectivo de funcionarios. El expediente advierte que «esta instrumentalidad prevista legalmente debe respetar el estatuto del funcionario que determina la realización de funciones o potestades públicas de manera reservada para este colectivo, y entidades de naturaleza pública, lo que no impide el ejercicio de actividades instrumentales (no potestades públicas) por entidades que no tienen naturaleza de Administración, y todo ello en base a un juicio de razonabilidad por el que se hace conveniente, e incluso necesario, su realización por el sector público instrumental».

Abundando en esta polémica que ha sido denunciada en varias ocasiones por colectivos de funcionarios, se incide en que «esta reserva legal implica que la actividad que la Administración puede ejecutar adicionalmente a las potestades públicas que le son inherentes, es susceptible de descentralización siempre que así se haya previsto en el modelo organizativo definido por la propia Administración, lo que ocurre en el caso de la Administración autonómica andaluza, que permite que se haga en entidades que componen su sector público».

La documentación consultada por este periódico señala que la prestación de verificación, adecuación y justificación de expedientes se ofrecerá a 54,60 euros por cada uno de ellos, tarifa que se considera «enormemente rentable en precio unitario, además de incluir a su vez el servicio de reparación y subsanación de los expedientes».

Para los servicios de asesoramiento individual por tramitar ayudas e incentivos las tarifas oscilan entre los 18,39 euros hasta los 128,62 euros.

Junto a estos nuevos servicios, la Fundación desarrollará aquellos relacionados con la aceleración e innovación de empresas, especializado por tipologías o sectores; la planificación y desarrollo de iniciativas singulares de fomento del emprendimiento; y la gestión administrativa de prácticas empresariales para estudiantes.

Los primeros pasos para esta nueva fórmula de gestión para Andalucía Emprende se dieron hace un año con el cambio de sus estatutos. Aunque persigue una mayor «eficiencia y eficacia», también se advierte que no puede juzgarse atendiendo exclusivamente a criterios de rentabilidad económica a corto plazo», sino a cuestiones de «interés para la Administración de la Junta que, en primer término, pudiera parecer que no tienen impacto en el presupuesto anual, pero que contribuyen muy significativamente a mejorar el funcionamiento y la sostenibilidad de las entidades públicas».