La Junta de Andalucía ha denegado recientemente dos importantes autorizaciones ambientales en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, evidenciando que los controles aplicados por la administración andaluza funcionan como herramienta eficaz para garantizar la sostenibilidad del territorio.

Las resoluciones, emitidas por la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, afectan a un parque eólico (Los Morales) y a dos plantas fotovoltaicas (Sanlúcar Sirio y Sanlúcar Sol). Ambas iniciativas han sido rechazadas tras rigurosos informes de impacto ambiental que advertían de serias afecciones a la biodiversidad.

En el caso del parque eólico promovido por Iberian Retail Bernesga 6 S.L.U., la denegación responde a su localización en zonas de alta sensibilidad ambiental, con presencia de especies vulnerables como el cernícalo primilla, el murciélago ratonero grande o la malvasía cabeciblanca, protegidas por normativa autonómica y estatal. Según el dictamen ambiental definitivo, al menos cuatro aerogeneradores se situaban en el radio de influencia directa de refugios de quirópteros cavernícolas, además de transitar sobre áreas críticas para aves protegidas y humedales catalogados.

Por su parte, los proyectos fotovoltaicos de Pizarro y Pitaya Fotovoltaica S.L. han sido también descartados por su instalación en una ubicación clave para especies esteparias amenazadas, como el aguilucho cenizo y el sisón, según el informe del Servicio de Gestión del Medio Natural. La zona afectada (en una superficie de 11,19 ha para la primera y 12,84 ha para la segunda) se encuentra dentro del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias de Andalucía, lo que ha motivado la denegación formal y el archivo del expediente. Ambas especies esteparias han sufrido descensos poblacionales acusados durante la última década en Andalucía y resto de la Península Ibérica, destacar que en el caso del sisón en Cádiz quedan muy pocos ejemplares por lo que su situación es muy preocupante», dice el dictamen.

Estas resoluciones son fruto de un proceso riguroso de evaluación ambiental unificada, que integra todos los aspectos técnicos, ecológicos y territoriales antes de autorizar cualquier proyecto. A pesar de tratarse de infraestructuras ligadas a las energías renovables —prioritarias para la transición ecológica—, la Junta ha optado por no sacrificar los valores ecológicos del territorio.

En 2023 más de 70 ayuntamientos andaluces pidieron formalmente en el Parlamento una moratoria para los macroproyectos renovables ante la falta de planificación territorial y los efectos acumulativos sobre el medio rural. Municipios como Conil, Montilla, Barbate o Coria del Río alertaron sobre la saturación del territorio y pidieron una transición energética planificada, que no sacrifique biodiversidad ni paisaje.

Los casos de Sanlúcar ilustran cómo la autorización ambiental unificada –instrumento recogido en la Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental– se está aplicando de forma efectiva para garantizar que el desarrollo de energías limpias no implique un coste ambiental inasumible.

El delegado territorial de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, firmó ambas resoluciones, que ya han sido publicadas en el BOJA y notificadas a todas las partes implicadas, incluyendo entidades ecologistas y ayuntamientos afectados.

En un contexto donde se exige acelerar la transición energética, la Junta de Andalucía demuestra que es posible compatibilizar desarrollo y conservación, poniendo freno a proyectos que no respetan los límites ambientales ni territoriales.

Cursos a jueces sobre delitos ambientales

►Jueces de toda España se formarán este año en la comunidad andaluza en delitos medioambientales, nuevas formas de violencia de género o la mediación como medio alternativo de solución de controversias que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce como obligatoria y en la que Andalucía es un referente. Según ha detallado el Gobierno andaluz, los cursos que anualmente organiza la Junta en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzarán en mayo. Por un lado, los días 22 y 23 se celebrará en Jaén un encuentro sobre ‘Retos para una gestión ambiental sostenible’, en el marco del Foro de estudios medioambientales.