La excesiva burocracia retrasa las ayudas para la transición energética

Uno de los principales objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España por el que se han recibido los fondos Next Generation de la Unión Europea es impulsar la transición ecológica y digital. El problema es que el diseño ideado para el reparto de ayudas por parte del Gobierno de España está dificultando que el dinero llegue finalmente a los ciudadanos.

El plan reconoce que en el proceso de implementación de esta transición «resulta fundamental la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales» porque «estas administraciones coordinan la implementación de programas clave como las ayudas al autoconsumo, a la implantación del vehículo eléctrico (Moves II y III), la mejora en la gestión de residuos o las ayudas a la rehabilitación energética de edificios». Pero las convocatorias de subvenciones se han diseñado sin contar con las regiones que, en última instancia, aplican un modelo impuesto de difícil aplicación, tal y como ha constatado una institución como el Defensor del Pueblo Andaluz.

Esta oficina, en su informe anual relativo a 2023, da una buena muestra de ello. Señala, por ejemplo, que «desde que se pusiera en marcha en julio de 2022 el denominado Programa Moves III, no han dejado de recibirse quejas remitidas por solicitantes de estas ayudas molestos por los retrasos en la concesión y pago de estas ayudas, cuyas dilaciones ciertamente han alcanzado plazos difícilmente aceptables».

Este programa se aprobó por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril. Dotado con 400 millones de euros para toda España tiene como principal objetivo incentivar la movilidad eléctrica y, particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga para estos vehículos. En Andalucía, la primera convocatoria se publicó el 13 de julio de 2021 y estaba dotada con 99,66 millones.

La realidad es que desde entonces las expectativas no se han cumplido por su falta de agilidad en la concesión de los incentivos a los solicitantes. El Defensor lamenta que «el elevado número de quejas recibidas por este motivo y la falta de una respuesta clara de la administración responsable, explicando los motivos del retraso en el otorgamiento de las ayudas y aclarando los plazos previstos para su tramitación y pago, llevó a esta Institución a iniciar de oficio una queja».

La Agencia Andaluza de la Energía ha sido la encargada de gestionar estas ayudas y ha admitido su retraso, circunstancia que atribuye a varios factores, haciendo especial hincapié –como ha ocurrido en otros departamentos como las ayudas empresas – en el error de diseño aprobado por el Gobierno central originariamente.

Así, justifica que uno de los motivos del retraso en la tramitación era el «alto grado de subsanaciones, tanto para la resolución de solicitudes como para la justificación de las mismas»; «los numerosos requisitos de documentación administrativa y técnica que exigen las bases reguladoras del Programa»; y «los sistemas de control adicionales derivados del Plan de medidas antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con los que se financia».

No es el único programa afectado por esa maraña burocrática. El informe anual del Defensor también constata retrasos en la «ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y el almacenamiento, con fuentes de energías renovables, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial». Una vez recibida las explicaciones por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, el Defensor concluye que el problema está en la «sustancial complejidad del procedimiento diseñado» y aboga por «la necesidad de simplificar el mismo».