El fiscal mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el expresidente de Invercaria en otra de las piezas separadas

La Fiscalía ha mantenido este lunes, en sus conclusiones definitivas, su petición de seis años y medio de prisión para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, quien se sienta en el banquillo de la Audiencia de Sevilla junto a otros dos acusados por unas ayudas públicas a unos astilleros de Lopera (Jaén).

En esta pieza separada de la macrocausa de Invercaria (Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía), la Fiscalía Anticorrupción solicita para Pérez-Sauquillo seis años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante dieciséis años por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos.

Para cada uno de los otros dos acusados, vinculados con la concesión de las ayudas investigadas y a los que sitúa como cooperadores necesarios, pide tres años y nueve meses e inhabilitación por ocho años por los mismos delitos.

'Incumplimiento grosero'

En su informe final, el fiscal se ha referido al "incumplimiento grosero" de la normativa por parte de Invercaria, cuyo expresidente tuvo "pleno conocimiento de la ilegalidad" de la concesión de las ayudas y que habría dispuesto de fondos públicos como propios.

Según el representante de la acusación pública, no cabe tampoco "descargar" la responsabilidad de Pérez-Sauquillo, tal y como ha hecho este lunes durante su declaración, en los técnicos, dado que estos carecían de "capacidad decisoria alguna".

El fiscal ha sostenido que el principal procesado era conocedor de la "ausencia de análisis" respecto al proyecto de la sociedad 'Astraea Astilleros', domiciliada en Lopera, cuyos estados contables -ha añadido- "no eran fiables".

Las ayudas habrían sido además concedidas a partir de supuestos proyectos o estudios de viabilidad que presentaban "desviaciones financieras desde su origen", por lo que carecían igualmente de fiabilidad, ha explicado el fiscal.

Declaración de Pérez-Sauquillo

Durante su declaración, practicada al término de la vista oral por petición de su defensa, Pérez-Sauquillo ha asegurado que toda la gestión sobre Astraea Astilleros la llevaba Cristóbal Cantos, exdirector del departamento de Promoción: "Todo lo negociaba con él, es el que decidía por su cuenta".

Ha asegurado que, para aprobar sus decisiones, "siempre" contó con los informes de Cantos y otros técnicos y que él no puede disponer realmente de documentación suficiente sobre la causa, lo que le origina una "indefensión clamorosa", porque la propia Invercaria no le ha facilitado el contenido de su correo electrónico corporativo.

"Jamás he decidido nada que los técnicos no hubieran dicho. Siempre he conocido los informes que me facilitaban", ha reiterado el expresidente de Invercaria, quien ha apostillado que el plan director de la entidad no era una "normativa obligatoria" sino más bien un "documento interno, orientativo y sujeto a cambio".

Pieza 'Astraea Astilleros'

Entre otras cuestiones, la Fiscalía recoge en su escrito que se tomó la decisión de conceder préstamos al astillero jienense "a sabiendas de la prácticamente nula" capacidad de devolución de su importe de acuerdo a la información de la que disponían.

Parte de los fondos procedentes de Invercaria habrían sido empleados de hecho por los acusados, no en la realización de inversiones que se decía que iban a acometer, sino en el reintegro de cantidades para otros fines.

Las distintas operaciones de financiación con fondos públicos de Invercaria en los ejercicios de 2006 a 2008 en beneficio de Astraea superaron individualmente consideradas la cuantía de 100.000 euros, lo que supuso un "especial quebranto" de la finalidad de fomento que, como sociedad pública, ejercía detrayendo su importe de los fondos de la Junta para otras iniciativas económicas "viables" o generadoras de empleo, indica la Fiscalía.