La Fiscalía del Supremo será la encargada de fijar criterio sobre la pertinencia o no de plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europea después de que la Audiencia de Sevilla consultara al respecto a las partes del caso ERE, a raíz del amparo concedido por el Constitucional a los principales condenados.

Este pronunciamiento del Ministerio Público se producirá después de que el tribunal sevillano cuestionara en una providencia que el amparo concedido por la corte española de garantías (TC) a esos condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea.

La Sección Primera pidió por ello opinión a las partes personadas- Fiscalía, acusaciones del PP y Manos Limpias y defensas- sobre el Constitucional se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces, y planteó la posibilidad de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este movimiento de la Audiencia también ha motivado que el TC haya fijado para el próximo pleno del 8 de abril el "debate jurídico" sobre si la Audiencia sevillana puede elevar dicha cuestión prejudicial por el caso de los ERE.

Fuentes de la Fiscalía han indicado a EFE que las cuestiones prejudiciales no corresponden a los fiscales concretos que han llevado el asunto, dado que una cuestión prejudicial supone un camino hasta Europa.

Una instrucción de 2016 establece que, en las citadas cuestiones prejudiciales, quienes fijan el criterio son los fiscales jefes de las secciones correspondientes de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el caso de los ERE la Sección Penal.

Otras fuentes consultadas por EFE han trasladado que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se habría mostrado a favor de la decisión de la Sección Primera de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, si bien este posicionamiento sigue pendiente de que se fije criterio por parte de la Fiscalía del Supremo.

Una vez que sea fijado un criterio definitivo, la resolución correspondiente deberá remitirse a la Audiencia de Sevilla, la que dio un plazo para pronunciarse a las partes que expira esta semana.