La ley andaluza de Vivienda se presenta como una respuesta al «intervencionismo» estatal. El Proyecto de Ley superó el debate a la totalidad, con los votos del PP, por lo que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y los grupos parlamentarios podrán plantear enmiendas parciales. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, apeló a que «la vivienda nunca sea motivo de confrontación» y abogó por trabajar «con diálogo, esfuerzo y escucha activa» por «un reto común que nos atañe a todo como el derecho a la vivienda». Rocío Díaz expuso que el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía reforzará las políticas puestas en marcha por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá «crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler». «Un proyecto de ley que nace del diálogo con el sector y los agentes sociales implicados», apuntó, recordando la elevada participación, con 605 alegaciones recibidas de las que se han aceptado un 80%. Un hecho que «demuestra la voluntad de diálogo y mano tendida de este Gobierno», que, señaló, continuará durante su tramitación en sede parlamentaria. Así, expresó su deseo de que la Ley de Vivienda de Andalucía «sea un éxito compartido, fruto del trabajo conjunto y del respeto institucional».

La titular de Fomento insistió en que la solución está en aumentar la oferta de vivienda protegida con precios asequibles frente a medidas intervencionistas, además de «generar seguridad jurídica, lo que permitiría poner miles de viviendas en el mercado». Díaz volvió a cuestionar la Ley Estatal de Vivienda, que después de dos años y medio en vigor, lejos de resolver, ha agravado las dificultades en el acceso a la vivienda, señaló. «Actualmente hay un déficit de 90.000 viviendas en Andalucía, según el Banco de España. Una brecha que únicamente se puede atajar poniendo más viviendas en el mercado si no queremos que los precios sigan creciendo», indicó.

El proyecto de Ley recoge un abanico de iniciativas para el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible. Además de las medidas urgentes ya aprobadas y recogidas en el Decreto-Ley 1/2025, se creará la figura de las áreas prioritarias, zonas con mayores dificultades para el acceso a la vivienda y donde «se concentrarán todos los recursos en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a la rehabilitación». De igual manera, se apuesta por la colaboración público-privada en diferentes modalidades (concesiones, subvenciones...), como ya se está abordando con la Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible de Andalucía.