
Sociedad
La macroestafa inmobiliaria de Grupo 21 se atasca en los juzgados
Casi 1.300 andaluces luchan por recuperar 20 millones de euros en pisos fantasma en la costa

Los meses pesan sin solución para los afectados por la presunta macroestafa inmobiliaria vinculada a la promotora Grupo 21, afincada en Roquetas de Mar y que promovía inmuebles que nunca se llegaron a construir en Almería, Almuñécar, Águilas y Málaga, entre otros muchos municipios. Esta sociedad recibió cantidades en concepto de reserva de viviendas que oscilaban entre los 15.000 y los 60.000 euros y por parte de más de 1.200 compradores, falsificando para ello documentos de construcción y sin ser realmente propietaria de las fincas donde se iban a construir las supuestas promociones. Una actividad que realizaron hasta que en marzo de este año la Guardia Civil, en una operación iniciada desde la Comandancia de Almería, provincia con más de 700 afectados, detenía a tres de sus administradores en Málaga, acusados de Falsedad Documental y Estafa. Se tomaron medidas cautelares contra ellos en mayo, con la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer ante el Juzgado cada 15 días.
Sin embargo, desde entonces «seguimos en fase de instrucción e investigación de los hechos», explicó a LA RAZÓN Francisco Javier Ortega Peña, abogado de Lexforma que representa a cientos de familias afectadas en Granada y Almería. «Aún hay que solicitar pruebas a entidades bancarias, a las concejalías de urbanismo de los distintos municipios y tomar declaración a las personas que trabajaban en las varias oficinas que tenían también repartidas», enumeró el primer letrado en interponer una querella criminal en los tribunales contra la promotora Grupo 21, lamentando que «los juzgados no están tramitando el proceso con la celeridad» y que este «avanza muy lentamente, lo que no ayuda a hacer justicia con las familias a las que se ha vulnerado el patrimonio».
«Entiendo que puede haber colapso judicial y que seguramente se intenta hacer todo con la mejor voluntad», valoró Ortega, pero «hay una gran dispersión de querellas en distintos juzgados que nos obligan a ir remitiendo las mismas pruebas de unos a otros, por lo que intentamos que haya una unificación que permita que veamos sentados a los administradores en el banquillo».
Y es que se cumple, precisamente, un año desde que Lexforma presentaba denuncia vía penal contra el matrimonio cordobés formado por Francisco Manuel Torres González y Catalina Cruz Jimera, administradores de Grupo 21, además de contra sus comerciales, con la intención de «que terminen en la cárcel por estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes». Son «delitos contundentes con elevadas penas a las que esperamos sean sancionados», como indicó Ortega Peña, explicando que también «estamos reclamando a los bancos como responsables subsidiarios, porque ha habido dejación en el control bancario sobre las cuentas financieras de esta promotora y entendemos que deberían derivarse condenas para la devolución de ese dinero a los afectados». Además, el bufete granadino explora «una posible dejación de funciones de las corporaciones municipales», tras «una investigación muy exhaustiva por parte de la Guardia Civil en la cual nos hemos basado para tirar del hilo y encontrar las pruebas que muestren cómo funcionaba el fraude».
Y es que llama la atención la «sutilidad» con la que operaban los presuntos estafadores, que «pagaban la señal de algunos solares bien situados con la condición de que los propietarios les dejaran poner el cartel del anuncio inmobiliario». «Luego nunca seguían pagando, pero los podían usar el tiempo suficiente para que los interesados pudieran verlo o comprobarlo, jugando con ubicaciones, infografías y proyectos de ensueño en la costa, visitables en la web y en diferentes oficinas», apreció el abogado.
Un timo bien elaborado que, sin embargo, condenó a sus víctimas «no solo a la pérdida económica, sino a las consecuencias psicológicas de haber jugado con la ilusión y la confianza de las personas», como describe el padre de una de las afectadas, revelando el «daño irreparable» en el propio carácter de su hija desde que se vio metida en esta situación.
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