SOS ayuda para celebrar el macrojuicio Astapa 15 años después de su inicio

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha pedido ayuda para poder celebrar el macrojuicio del caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona (Málaga), quince años después de que se abriera el procedimiento.

La Sala ha solicitado refuerzos de dos magistrados, funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar debido a que encaran una causa con 351.114 folios y en la que se sentarán en el banquillo de los acusados un total de cincuenta personas, entre empresarios y políticos, según la providencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Además del medio de centenar de acusados hay otras 27 personas o entidades citadas por el fiscal como responsables subsidiarias o responsables a título lucrativo.

La Sección Tercera también ha calculado que durante la vista oral comparecerán 284 testigos y 48 peritos propuestos por las partes, además de los escritos de defensa de los acusados si plantean o anuncian diversas cuestiones previas al juicio.

Todo ello lleva a la Sala a señalar que para la adecuada tramitación de la causa y evitar dilaciones se necesita “el nombramiento de refuerzos de personal”, no solo para poder celebrar el caso sino además para “posibilitar la normal actividad de los restante asuntos pendientes”.

Así, advierte de que en caso contrario conllevaría “un grave menoscabo en el funcionamiento de la sección de la Audiencia Provincial de Málaga”.

Este tribunal también recuerda que en la agenda ya tienen señaladas vistas hasta noviembre de 2023 por lo que aún queda tiempo para poder celebrar el juicio de este caso, que se inició hace quince años y en el que figura como acusado, entre otros, el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, que se enfrenta a diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación.

El exregidor está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Las penas solicitadas para el medio centenar de acusados, exconcejales, empresarios y empleados municipales suman más de doscientos años de cárcel en un caso que causó un presunto perjuicio de más de 28 millones de euros a las arcas municipales.

La magnitud del caso se hace constar en la providencia, donde se afirma que el procedimiento tiene 128 tomos principales, que contienen la instrucción de causa, con un total de 71.000 folios; junto a 646 tomos constituidos por piezas documentales, en los que hay 260.472 folios.

A ello hay que añadir las diversas piezas separadas de situación personal, de responsabilidades pecuniarias y civiles, de medidas cautelares, de apertura de correspondencia y de documentación bancaria, por lo que el número de folios asciende a 351.114 folios.

La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.

En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.