Caso Astapa: quince años después, por fin hay tribunal y ya sólo falta la fecha del juicio

Quince años después de que se abriera el caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona (Málaga), el procedimiento judicial encara por fin el juicio después de que se haya designado la sección en la que se va a celebrar la vista oral. Será la Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga la encargada de celebrar la vista oral. Ya está designado el ponente de la sentencia, según una diligencia judicial a la que ha tenido acceso Efe, aunque todavía no se sabe cuándo se celebrará. La llegada de la causa a la Audiencia se ha producido después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona acordara remitir la causa a Málaga para que se turnara y se determinara qué sala iba a celebrar la vista oral.

Uno de los abogados defensores de la causa, José Carlos Aguilera, ha denunciado que «Astapa será la causa más larga de nuestro proceso penal y las dilaciones indebidas serán las de mayor magnitud de la historia».

El fiscal, que presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018, pide 10 años y 9 meses de cárcel y 38 de inhabilitación para el exalcalde socialista Antonio Barrientos por los delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Él es uno de los 51 acusados, entre quienes figuran exconcejales, empresarios y empleados municipales. La acusación también solicita el sobreseimiento de 39 investigados.

Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido o ha obtenido beneficio fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. En su escrito de defensa denuncia que los informes policiales y de la Agencia Tributaria están «plagados de errores».

La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.

Según el fiscal, entre 2003 y 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.