La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública trabaja en un decreto que pondrá en funcionamiento un Sistema interno de información «para el adecuado tratamiento de informaciones sobre posibles infracciones del ordenamiento jurídico. El borrador de la norma argumenta que la «constitución de un canal interno constituye una medida esencial dentro del proceso de mejora, puesto que permite la colaboración de quienes tengan conocimiento de los hechos, quienes gozarán de garantías de protección y confidencialidad, y favorece en el seno de la organización las buenas prácticas y la corrección de aquellas que pudieran ser irregulares».

La intención es que este nuevo modelo se aplique «tanto en el ámbito de la organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía, debiendo las entidades instrumentales vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía contar con su propio sistema».

En este sentido, se advierte que «sin perjuicio de la obligatoriedad de que las entidades instrumentales cuenten con sistemas independientes, se contempla la aplicación de las previsiones contenidas en este decreto respecto del procedimiento de gestión de la información, en el supuesto de ausencia de regulación para aquellos».

El argumento principal que se esgrime para modificar el actual procedimiento es que se apuesta «por el principio de mayor proximidad» al objeto de «garantizarse que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad u organismo con el objetivo de que el primero en conocer la posible irregularidad sea la propia entidad u organismo».

Este planteamiento es distinto al que motivó la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, también llamada Oficina Andaluza Antifraude, amparada en la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. Uno de los principios de este organismo, una entidad de derecho público adscrita al Parlamento de Andalucía, es, además de su independencia, es el anonimato de la persona denunciante y el «alejamiento» del posible foco de irregularidad.

Así mismo, la ley que avaló su creación garantiza que la Dirección de la Oficina pueda dirigirse a cualquier organización interesando la corrección de actuaciones que puedan perjudicar a los denunciantes y ofrece a los denunciantes asesoramiento jurídico y ayuda psicológica y en casos especiales, el traslado del centro de trabajo del denunciante, conservando intactos sus derechos.

En cualquier caso, el nuevo decreto que se encuentra en fase de elaboración por parte de la Consejería de Justicia señala expresamente que «todas estas cuestiones se han regulado con absoluto respeto a las competencias que tiene reconocida la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, constituyendo el Sistema un ámbito separado y diferenciado respecto del canal externo que, en el ámbito andaluz, corresponde a dicha Oficina».

Esa complementariedad se basa en «un sistema propio y autónomo, pero que a la vez deberá ser gestionado de manera individualizada por el personal colaborador que a tal efecto se designe por cada una de las Consejerías y por las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias, que será el encargado de la tramitación de las informaciones que se presenten».

Hay que señalar que este nuevo filtro de seguridad para garantizar el buen funcionamiento de la administración no conllevará ningún gasto extraordinario. El informe económico financiero que acompaña el texto señala que «no contempla la creación de nuevos puestos de trabajo» porque «las funciones derivadas de la gestión de este Sistema serán desempeñadas por efectivos que ya se encuentren ocupando puestos de trabajo existentes».

Sí serán necesarios la habilitación de «distintos canales internos de información, tales como buzón electrónico, correo postal, comparecencia personal, llamada telefónica o sistema de mensajería de voz». Estos medios materiales necesarios para la adecuada gestión del Sistema «llevan aparejada la necesidad de una implantación y mantenimiento de los mismos, en concreto, de las herramientas tecnológicas que permitan el acceso al Sistema y la gestión interna de las informaciones recibidas» y que «todo ello supone un gasto de 30.000 euros, que será financiado con cargo al presupuesto TIC de la Agencia Digital de Andalucía».