“Si queremos seguir produciendo alimentos, necesitamos fitosanitarios”

«Nos alegramos de que haya imperado el sentido común y la responsabilidad entre los europarlamentarios», afirmó el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, después del rechazo del Parlamento Europeo a la reducción del 65% en el uso de fitosanitarios para 2030. «Las normas sobre producción de alimentos no las puede marcar el lobby ecologista radical», sentenciaron desde la organización agraria, ante informes «de impacto como el realizado por la Universidad de Wageningen, que apunta que la aprobación de este reglamento hubiera provocado una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, en consecuencia, un mayor aumento del precio de los alimentos». La norma presentada por la Comisión Europea de Medio Ambiente recibió 299 votos en contra y solo 207 a favor, mientras que 121 eurodiputados se abstuvieron. Ahora, «los agricultores celebramos que se haya frenado una propuesta que no daba alternativas eficaces ni plazos realistas, dejándonos indefensos para combatir las plagas», valoró Padilla, en un contexto de bajada generalizada en los volúmenes de producción, con un comercio agrícola exterior andaluz que crece en facturación, pero cae más de un 18% en peso este año.

Aunque por el momento se ha frenado la limitación propuesta para el uso de los fitosanitarios, desde el sector se teme que habrá nuevas iniciativas similares en un futuro próximo, si bien «cualquier restricción no vendrá ya antes del año 2030», manifestó Andrés Góngora, responsable nacional de futuras y hortalizas de COAG. Desde el sindicato agrario se pide a la UE que, al menos, «tenga en cuenta la visión de los agricultores que proveemos a Europa de alimento» y que «se debatan las decisiones en el seno de las comisiones de Agricultura y no de Medio Ambiente». «Una vez que el Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, esta no podrá volver a presentar la ponencia», resaltó el también secretario general de COAG en la provincia almeriense, entre las claves para frenar también «un descenso de la producción en las últimas campañas, debido a la incidencia de la virosis y algunas enfermedades en plantas de invernaderos de Almería». En esta provincia los ocho primeros meses del año se han comercializado hasta 220.493 toneladas menos de frutas y hortalizas que el año pasado; y alertó sobre la incidencia de las plagas, especialmente en cultivos como el tomate, el calabacín o el pimiento, lo que ha obligado a arrancar «hasta un 30% de las cosechas de algunos cultivos».

Góngora recordó que «los agricultores somos los más comprometidos con el uso sostenible de productos fitosanitarios y el cuidado del medio ambiente» y apuntó que «somos los más interesados en seguir desarrollando nuestra actividad profesional, por muchos años y en el mejor entorno», con «grandes avances para reducir su uso», como «la gestión integrada de Plagas y la lucha biológica». Sin embargo, «ahora hay que volver al proceso de negociación», concluyeron desde la organización agraria, porque «se han cometido errores muy graves al vincular una medidas y decisiones a quien no compete y sin consultar al sector agrario».

También la patronal Asaja valoró positivamente el bloqueo de un reglamento de fitosanitarios que «estaba mal calibrado, era poco realista y carecía de financiación», según palabras de su presidente nacional, Pedro Barato. «Es el momento de que la Comisión Europea dialogue y tenga en cuenta la opinión de los afectados en primera línea por estas medidas, todos los agricultores y ganaderos», valoró el responsable de Asaja, apelando también a una «segunda línea de afectados», «los consumidores y ciudadanos europeos, que sufrirán directamente en sus bolsillos y en su disponibilidad, cualquier decisión drástica sobre asuntos estratégicos como son los relacionados con la producción de alimentos». Una «gran noticia», celebró también la presidenta de Asaja en Almería, Adoración Blanque, que «evidencia que la propuesta europea era puramente ideológica».

Por su parte, la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, se mostró satisfecha porque la limitación del uso de fitosanitarios «pretendía suprimir en un 50%» la utilización de estos productos y «ha sido tumbado gracias al papel decisivo que ha jugado el PP europeo». Además, también se rechazaba la propuesta para prohibir los envases en frutas y hortalizas de menos 1,5 kilogramos, que podría haber afectado a buena parte de los productores andaluces, con especial incidencia en el sector de frutas y hortalizas de Almería y de los frutos rojos de Huelva. «No se puede hacer más, con menos», apuntó Carmen Crespo, incidiendo en una normativa europea ya muy exigente y en que “los reglamentos de fitosanitarios deben estar adecuados a la situación del sector, porque todos queremos ir bajando paulatinamente el uso de estos productos, pero el proceso tiene que ser viable y contar con materias alternativas y tiempo suficiente”