La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prohibido a los ayuntamientos usar para inversiones el superávit generado el pasado ejercicio y los obliga a utilizarlos para reducir deuda. Ante este «atraco», desde el PP-A han llamado a los alcaldes de todos lo signos políticos a rebelarse. La ofensiva institucional que proponen los populares se traducirá en mociones en los consistorios para que la ciudadanía conozca está imposición y el resto de partidos se posicionen ante lo que desde las filas del PP se considera «un segundo intento de la ministra de asaltar las arcas municipales para pagar favores políticos».

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, comparó a Montero con «la cobradora del Frac», porque «a una mayor carga impositiva se suma la injusticia de no permitir que utilicen esos remanentes en beneficio de sus vecinos». Una treintena de regidores del PP de la provincia de Málaga y la presidenta del Consejo de Alcaldes del partido político, Margarita Cid, reclamaron ayer que incluso sus homólogos del PSOE reivindiquen que el ahorro «fruto de una buena gestión» se reinvierta «en los municipios».

«Montero sólo intenta recaudar y recaudar, alzándose como el Gobierno que más impuestos ha subido a los españoles y que más aprieta el cinturón a las clases medias y trabajadoras», aseguró Carmona, que se refirió a las «97 subidas fiscales impulsadas por Pedro Sánchez desde que es presidente, alcanzando cada año un nuevo récord de recaudación en la provincia de Málaga»

A juicio de Del Cid, la ministra se entromete en la autonomía local, por una lado, como «chantaje político» para presionar para llegar a acuerdos con sus socios ante la incapacidad para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, y olvida que «las víctimas son los vecinos». Y, en segundo lugar, consideró que es una estrategia para que el Ejecutivo de Sánchez «seguir endeudándose» y pagando favores a los que les mantienen en el Gobierno y que los municipios no tengamos capacidad para hacer nada».

De igual modo, la dirigente popular reprochó al Gobierno «el incumplimiento de la actualización de la PIE un 13%» y criticó «las mentiras de Montero y del PSOE al tratar de vender la condonación de la deuda a Andalucía como una solución a la grave situación de infrafinanciación que sufre la comunidad». «Hoy sabemos que los socialistas no tienen intención de arreglar el problema de la infrafinanciación, porque la única solución a corto plazo para que las administraciones locales tuviésemos capacidad de inversión era dejarnos utilizar esos remanentes y, a eso, la señora Montero nos ha dicho que no», concluyó.

El gobierno está incumpliendo el mandato constitucional de respetar la autonomía local, pero también está castigando a las comunidades autónomas. Las entregas a cuenta son un elemento fundamental para la financiación de las regiones y están reguladas en la ley de financiación autonómica. Como la recaudación de los últimos años se ha disparado, las autonomías tenían que haber recibido este año más recursos. En el caso concreto de Andalucía, según los cálculos de la consejería de Hacienda, 300 millones de euros más al mes, es decir, 900 millones en lo que va de año.

La hoy ministra, al no contar con Presupuestos para 2025, se niega a actualizar las entregas a cuenta. Pero la propia Montero ya lo hizo en 2019, cuando el primer Gobierno de Sánchez tampoco contaba con cuentas públicas.

El texto del decreto-ley con el que resolvió entonces el problema señalaba que «la no actualización de las entregas a cuenta derivaría en unos resultados financieros indeseados, contrarios al propio sentido y lógica financiera de dichas normas y al interés general». En la actualidad, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos permanecen asfixiados por la parálisis en esta materia del Gobierno.