Repercusiones de la sequía en la economía andaluza

Las sequías pueden llegar a provocar daños y estragos en la economía y en las personas, de los que a veces resulta imposible recuperarse. La sequía más grave que se recuerda a nivel europeo tuvo lugar en el año 1540; algunos expertos aseguran que hoy en día vamos camino de una situación similar. Nuestra estructura social y económica, con mucha mayor población, mayor dependencia de la agricultura y mayor nivel de globalización que en épocas anteriores, es mucho más propensa a que las consecuencias de una sequía puedan resultar más calamitosas. La sequía está teniendo y tendrá consecuencias negativas sobre nuestra economía y sobre la población, tanto en España como en Andalucía. Uno de los sectores económicos más afectados es sin duda la agricultura, con gran peso en Andalucía. Pero también otros sectores, como el turismo, la ganadería o la industria se están viendo condicionados por esta situación.

Aunque existen definiciones de sequía con base científica o meteorológica, para el análisis que vamos a llevar a cabo en esta tribuna de opinión, será más interesante centrarse en una definición puramente socioeconómica. La sequía es un hecho que acontece cuando la demanda de agua supera a la oferta existente, generándose un déficit, que provoca algún tipo de daño en la sociedad, las personas y/o en la economía. La sequía puede tener efectos en el corto plazo, afectando a los alimentos, las reservas de aguas tratadas para consumo y riego, la generación de energía eléctrica, etc. Pero también puede implicar efectos a más largo plazo, en ecosistemas y hábitats, que no logren recuperar su situación original, generándose un fenómeno, muy de moda en estos tiempos, que se conoce como desertificación.

España lleva varios años en una situación económica bastante comprometida. Tenemos una inflación, si nos fijamos en la subyacente y aislamos el «artificio» de la excepción ibérica, que no hemos logrado controlar; un PIB que, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, no ha recuperado los niveles prepandémicos y cifras récord de paro, a pesar del maquillaje que suponen los 443.078 fijos discontinuos contabilizados en diciembre de 2022. Estos datos negativos se están intentando combatir mediante un incremento de la deuda pública, que alcanza en estos momentos el 113,2 del PIB.

Pero ¿cómo ha contribuido la sequía a empeorar la situación económica, sobre todo en el caso de Andalucía? Las sequías tienen efectos muy perversos, sobre todo en la agricultura. El déficit hídrico nos ha llevado, a fecha de hoy, a una disminución de la producción de cultivos y a un aumento de los precios de los alimentos que ha afectado directamente a la inflación y al poder adquisitivo de las familias. Además se han dado consecuencias en otros sectores, como el industrial, debido al incremento de precios de muchos insumos y materias primas; el ganadero y el turístico.

En el año 2022, el PIB español creció un 5,5%, mientras que el de Andalucía lo hizo un 5,2%. El pasado mes de abril, el presidente Juanma Moreno, tras presidir el comité de expertos sobre la sequía en Andalucía, explicaba cómo la falta de agua había supuesto, aproximadamente, la caída de un punto del PIB andaluz en 2022. De no haberse dado esta situación, nuestro PIB podría haberse situado en el entorno del 6,2%. Pero lo realmente preocupante son las previsiones que hace la Universidad Loyola, que afirma que en 2023, la caída podría llegar a ser de hasta un 7% si no mejorara la situación.

Según Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, el gran peso del sector primario andaluz, que representa un 6,9% de su economía, frente al nacional, que tan solo supone el 2,6%, explica este menor crecimiento del PIB de nuestra región. De hecho, si nos fijamos en el crecimiento del resto de sectores, excluyendo el agrícola, el crecimiento del PIB andaluz en 2022 se situó en el 6,2% y el español en el 5,7%.

Pero la sequía no solo afecta al Producto Interior Bruto. Se estima que el déficit hídrico que venimos padeciendo desde hace años, ha destruido en Andalucía entre 30.000 y 35.000 empleos desde 2021, según las conclusiones del informe situación Andalucía que elabora BBVA Research, correspondiente al primer semestre de 2023.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha hasta la fecha un total de tres decretos para intentar paliar esta situación. Inicialmente fueron dos decretos por un valor total de 141 millones de €. El tercero, que entró en vigor el pasado 28 de abril, recoge medidas por un valor total de 163 millones de euros que pretenden impulsar nuevas obras hidráulicas de cara a un mejor aprovechamiento de aguas regeneradas, mejora de abastecimiento, ejecución de conducciones para riegos e introducción de herramientas para la digitalización de la gestión del agua. Incluye también un paquete de ayudas directas a agricultores, ganaderos y pescadores andaluces por valor de 43 millones de euros.

El presidente de la Junta de Andalucía llevaba tiempo reclamando al gobierno central una respuesta complementaria a la de su gobierno para combatir la situación crítica que la sequía está provocando, no solo en Andalucía, sino en otros muchos puntos de la geografía española. Debemos tener en cuenta que las competencias de la Junta en materia hídrica solo abarcan el 33% de las cuencas de nuestra región, mientras que el gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tiene competencias sobre el 77% restante.

El pasado 11 de mayo, el gobierno de España reaccionó ante esta grave situación y aprobó en consejo de ministros las medidas urgentes de apoyo al sector agrario y en materia de agua, por un valor total de 784 millones en ayudas a repartir entre todo el territorio nacional. Este paquete de actuaciones incluye ayudas directas al sector primario, medidas fiscales y acciones para apoyar la liquidez.

Estos decretos, en sus distintos ámbitos de competencias, contribuirán a atenuar los efectos de la sequía. Pero una cuestión tan grave merece sin duda actuaciones y acuerdos estratégicos a largo plazo, que garanticen la sostenibilidad de la economía. Resulta fundamental apostar por la sensibilización de la ciudadanía, para que sea consciente de la importancia de hacer un uso racional de un recurso tan valioso y escaso como el agua. Las administraciones deben invertir en infraestructuras hídricas y en su mantenimiento: plantas desaladoras, conducciones de regadío y actuaciones que mejoren del abastecimiento. Resulta también fundamental apostar por la digitalización de la gestión hídrica. Finalmente este tema debería sacarse del discurso político y partidista y llevarlo a un terreno de consenso, donde sea posible acordar un pacto de estado basado en la equidad y solidaridad hídrica entre los distintos territorios nacionales.

Queda nuestra recuperación económica, en gran medida, en manos del agua.