La titular de Sanidad, Mónica García, llevó al Consejo de Ministros la predisposición a obligar a las comunidades a facilitar los datos del cribado del cáncer. El Ministerio, después de que desde la Junta de Andalucía le hayan señalado reiteradamente que no aceptarán amenazas, va a «la guerra»: un mes de plazo o tribunales.

Después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, rechazara las «ansiedades electorales», la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que su departamento ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. García apeló de forma expresa a la Junta de Andalucía, a la que reclamó «abandonar su soberbia» y «asumir su responsabilidad».

Además de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, rostros nacionales como la ministra Mónica García o la ex titular de Igualdad Irene Montero vienen entrando de lleno en la polémica de los cribados.

Las autonomías del PP ya respondieron al requerimiento de Sanidad sobre los datos de los cribados, señalando a la ministra que «su trabajo sigue sin estar hecho» y alegando que sin el plan funcional, que incluya los indicadores consensuados y aprobados y la herramienta necesaria para volcar los datos, la actuación de la ministra es solo un «brindis al sol». En comisión parlamentaria, el titular andaluza de Sanidad, Antonio Sanz, ya recriminó a la ministra de Más Madrid que viniera a Andalucía a «amenazar» con llevar a los tribunales a la Junta por la crisis de los cribados del cáncer de mama, sin preocuparse por la situación de otras comunidades. «La ministrav vino a darnos lecciones», censuró el consejero andaluz, quien reafirmó la intención del Gobierno de la Junta y su «compromiso indiscutible» por trabajar «con humildad, compromiso presupuestario y diálogo» con todos los colectivos para avanzar en la mejora de la sanidad pública.

«El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple», indicó García. En caso de no disponer aún de todos los indicadores, se solicita que se remita, al menos, la información disponible hasta la fecha, o bien aquellos indicadores que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. El requerimiento se realiza al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública. El siguiente paso, si no se recibe la información, será llevar el caso a los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo. Se da la circunstancia de que, como informó LA RAZÓN, el «número dos» de Sanidad cuestionaba en las redes sociales la utilidad de los cribados contra el cáncer de mama.