La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha iniciado en la sede de Asaja en Sevilla una ronda de contactos con las organización profesionales agrarias (OPAS) y las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía con el objetivo de presentar un paquete común de alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) antes del 1 de marzo, plazo fijado por al Ministerio que dirige Luis Planas.

El sector agrario está viviendo con "preocupación" el inicio de la campaña y este proceso abierto por el Gobierno de España es "el último intento de llegar a un acuerdo" para "modificar la medidas más lesivas para los intereses de los agricultores y ganaderos de la comunidad", como ha asegurado Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía. A final de marzo está programada la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que previsiblemente tendrán la respuesta del Gobierno y de Bruselas, que es quien en última instancia ha de aprobar los cambios solicitados.

La consejera andaluza Carmen Crespo ha apelado a la "unidad de acción" de la administración y las OPAS de la comunidad, consensuando las alegaciones como la mejor fórmula de presión. Aunque el objetivo es que ningún agricultor o ganadero andaluz vea mermadas las ayudas, el sector es pesimista. Uno de cada tres perceptores de las ayudas de la PAC es andaluz, pero el plan estratégico no reconoce la enorme diversidad de cultivos que existe en la comunidad. Lo que se pretende es que se flexibilicen muchas de las normas relacionadas con la eco-condicionalidad y que se mantengan las que se han flexibilizado ya para este año de manera coyuntural.

200 MILLONES EN PÉRDIDAS EN LA CAMPIÑA SEVILLANA

Según los cálculos de la Consejería -negados sistemáticamente por el ministro-, la campiña de Sevilla, una de las comarcas más productivas y extensas del país, podría llegar a acumular pérdidas por valor de 200 millones de euros en el nuevo marco. Una de las medidas avanzadas por Crespo fue solicitar que el Ministerio incluya la campiña sevillana en el región productiva 4 (se redujeron de 50 a 20), con una prestación más alta, en lugar de la 3 para reducir las pérdidas de los agricultores. La equiparación de la remolacha con el resto del país, la creación de una ayuda asociada específica para el girasol -excluido de las destinadas a proteicos- o la consideración del olivar como un ecorregimen 'per sé' son algunas de las consideraciones que se barajan incluir en las alegaciones. A juicio de la consejera, no es un año para poner más obstáculos, "la PAC no puede ser una dificultad adicional de burocracia. Hay que poner las cosas fáciles a los agricultores y no más difíciles. Lo que pedimos es algo justo. No olvidemos que vivimos de la agricultura y tenemos que defender la soberanía alimentaria".

La Junta también ha consensuado con el sector una petición de rebaja de los módulos del IRPF. En concreto, solicita la bajada del 100% para el sector apícola, cuya drástica bajada de producción la pasada campaña ha sumido a gran parte del sector en una profunda crisis económica, o del 50% para los productores de aceituna de mesa.

Crespo avanzó que antes de finalizar el mes de marzo se convocarán las nuevas ayudas agroambientales y las de modernización, con la novedad de la inclusión de balsas para que los agricultores puedan amortiguar los efectos de la sequía, en respuesta a una demanda de Asaja.