Jesús Alfonso Giménez Oliver ha sido recientemente condenado a 14 años de prisión por estar detrás de una trama de corrupción de menores y abusos sexuales en Quinto de Ebro, municipio próximo a Zaragoza, cuya víctima ha sido una joven con una discapacidad mental del 46%.

Así pues, la magistrada de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha considerado probado que Giménez es autor, primero, de un delito continuado de violaciones sexuales por el que procede a dictaminarle once años de prisión y, segundo, de un delito de corrupción de menores por el que le sentencia a otros tres años.

La engañaba citándola como empleada del hogar

Los hechos evidenciados se remontan a 2021, cuando el ya condenado contactó con la joven para limpiarle su vivienda. Propuesta laboral a la que accedió ella, si bien el día en el que fue a la casa para realizar el servicio, esta se encontró con algo completamente diferente a lo pactado. Jesús Alfonso le propuso relaciones sexuales a cambio de dinero. “Me dijo que si se la chupaba me daría diez euros”, declaró la chica en sede judicial y que se terminan consumando con actos de felación, masturbación y penetración vaginal.

Pero no fue en una excepcional ocasión. Y es que a este primer encuentro le siguieron otros tantos en los que estas relaciones sexuales se producían a cambio de dinero o droga. El de Quinto de Ebro incluso le incitó a ejercer la prostitución en municipios próximos a cambio de que él se llevara un 5% de lo ganado. «Un día fuimos a un campo y follamos. De ahí fuimos a Gelsa, me dio marihuana y compramos botellas de alcohol”, argumentó la víctima, descrita como “fácil” o “vulnerable» por parte de las expertas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón.

Que no te oiga nadie cuando hablemos

Más aclaratorios fueron todavía los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el agresor y la víctima con discapacidad. “Me gustaría que vinieras aunque fuera la última vez", “Hace días que no te veo y te echo en falta” o “Que no te oiga nadie cuando hablemos”, son los más destacables entre otros muchos que el condenado le enviaba a joven para concretar las supuestas citas de limpieza. A lo largo del largo proceso judicial, el acusado nunca supo razonar dichas comunicaciones e incluso sentenció que no los recordaba.

Así pues, para los jueces de Zaragoza que están detrás de la sentencia, el contenido de estos mensajes es una de las pruebas de cargo categorizada como suficiente para debilitar el principio de presunción de inocencia. A estas comunicaciones a través de WhatsApp se les suman también los contactos telefónicos con número oculto que realizaba el condenado, la declaración «coherente» y «detallada» de la joven con discapacidad intelectual y la prueba pericial psicológica practicada durante el juicio.

Una sentencia que aún podría haber sido más dura: la acusación particular ejercida por Enrico Brusaterra solicitó desde comienzo del proceso 25 años de cárcel por tratarse, según él, de “un depredador sexual disfrazado de amigo de la familia que merece el peor castigo que contempla el código penal. Es un individuo altamente peligroso".