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Guerra al plástico: España dice adiós a las bolsas de un sólo uso gratuitas

Mientras se publica el texto definitivo que prohíbe su distribución sin coste en la Península, Europa da un paso más aprobando su estrategia para que todos lo envases pasen a ser reutilizables en 2030

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29 de enero de 2018. 17:55h

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Eva Martínez Rull 29/1/2018

Cada año se consumen en Europa 100.000 millones de bolsas de plástico. Menos del 30% se recoge para ser reciclado, mientras que el 31% termina en el vertedero. Eso ha motivado que el viejo continente le haya declarado la guerra al plástico, sobre todo al de un sólo uso (las bolsas finas se utilizan durante 20 minutos y tardan más de 400 años en descomponerse). El primer paso se dio hace tres años con la Directiva sobre bolsas y hace unos días se ha completado con la aprobación de la Estrategia Europea sobre Plásticos, cuyo objetivo es que todos los envases sean reciclables en 2030.

La Directiva de 2015/720 tenía como objetivo la reducción sostenida de bolsas de plástico ligeras, es decir, aquellas con un espesor inferior a 50 micras. Europa permitía a los estados aplicar la reducción de dos maneras: bien a través de instrumentos económicos, como cobrar por ellas, bien estableciendo un calendario de reducción que logre bajar su consumo hasta 90 en 2019 y 40, en 2025. Mientras la media de consumo europea es de 200 bolsas por habitante y año, según datos de la Asociación Nacional de Industriales de Plásticos de 2013 en España se consumen unas cien. «Cada país ha hecho lo que ha querido. No ha habido una estrategia común para reducir consumo. Y no es que el plástico sea en sí bueno o malo, sino que el de un sólo uso presenta muchos problemas para el reciclado», explica Ariadna Rodrigo, responsable de política de producto de la red Zero Waste Europe.

La trasposición ha sido diferente en cada país y cada uno está yendo a su ritmo. A la vanguardia en la lucha contra la bolsa de plástico está Irlanda, que comenzó a aplicar una tasa en 2002 y consiguió en sólo cuatro años reducir su consumo un 90%. «Los primeros que se preocuparon por el plástico fueron los países africanos. Mientras en Europa se empezaba a pensar en ello Uganda (2014), Ruanda (2015) o Marruecos (2016) aprobaban leyes para la reducción. Reino Unido decidió implantar una tasa en 2015 y Francia ha ido más allá con la sustitución, en 2016, de las bolsas por otras hechas de papel o maíz y la prohibición de la venta de vajillas desechables de plástico desde 2020. Mientras en Finlandia el consumo de bolsas no reutilizables es muy bajo, de cuatro por persona y año, en países como Bulgaria la trasposición todavía es un reto», explica Alodia Pérez, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra.

Retraso

España está pendiente de la entrada en vigor del proyecto de Real Decreto sobre las bolsas. Una vez se aplique, cualquier comerciante tendrá que cobrarlas a los clientes. La Directiva debía haber sido traspuesta en 18 meses, lo que significa que España va bastante retrasada. Además, a día de hoy no se ha hecho público el texto definitivo, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuándo se aplicará. El Gobierno ha optado por el cobro de entre 5 y 30 céntimos en función del espesor de las bolsas y de si son o no compostables. «Se han dejado fuera de cobro las de menos de 15 micras (es decir, que las que se usan para fruta y verdura seguirán siendo de plástico y gratuitas). Se deja para 2020 la prohibición total de las de plástico menos finas, mientras que las de menos de 15 micras tendrán que ser biodegradables. Ahora no sería posible porque no hay recogida selectiva de la fracción orgánica», explica Pérez.

Y es que el contenedor marrón, donde hay que tirar sólo la orgánica compostable, está todavía en fase de prueba piloto en la Península, por lo que si se sustituyen las bolsas de plástico por otras biodegradables, éstas no se podrían tirar en el contenedor amarillo, porque dificultarían el reciclado. «La Directiva para la reducción de las bolsas de plástico ligeras se debe a que en la gran mayoría de los países europeos no existe un sistema de gestión para las bolsas de plástico, al contrario que en España. Aquí, el sistema de recogida selectiva y reciclado (sistema punto verde-contenedor amarillo) las admite como un envase más para reciclar», explican desde Cicloplast, sociedad sin ánimo de lucro integrada por fabricantes y transformadores.

Italia, donde se lleva luchando contra las bolsas de plástico desde 2011, acaba de imponer el uso de plástico biodegradable incluso en las bolsas más finas donde se compran perecederos como fruta, verdura, carne y pescado. Ahora deberán ser compostables, biodegradables y, además, de pago. Una decisión que ha levantado bastante revuelo porque en el país está prohibido que la gente pueda comprar con sus bolsas o cualquier otro contenedor que lleven de casa por razón de higiene.

Con la aprobación de la Estrategia Europea sobre el Plástico en la Economía Circular Europa da un paso más para reducir aquellos no reutilizables y reciclables de los envases, botellas, maquinillas de afeitar de un sólo uso, pajitas y otros productos que acompañan nuestra vida cotidiana. «Han prohibido los oxodegradables, que se convierten en pequeños trocitos de plásticos y generan muchos problemas en el medio ambiente, pero el resto sigue siendo voluntario. Hay muchos productos que son difícilmente reciclables, por lo que creemos que hay que cambiar la fabricación», opina Pérez.

Casi en paralelo, Theresa May ha anunciado su objetivo de ver un Reino Unido libre de plástico en el año 2042 y acaba de prohibir los microplásticos (menos de 5 mm) en la producción de cosméticos y productos de aseo personal, mientras se espera una nueva norma que prohíba la venta de productos con microesferas también este año. Según un informe del Comité de Auditoría Medioambiental de la Cámara de los Comunes unas 86 toneladas de microperlas terminan cada en el medio ambiente marino.

Si países como Francia y Reino Unido se van posicionando abiertamente contra el plástico, en España hay que irse hasta Baleares para encontrar un plan ambicioso contra los objetos de este material. El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados incluye la prohibición, a partir de 2020, de la venta de cápsulas de café desechables fabricadas con materiales no fácilmente reciclables, platos, cubiertos, vasos y bandejas. Tampoco se podrán vender mecheros no recargables, maquinillas de afeitar, cartuchos y tóner de impresora y productos que contengan microplásticos. Asimismo, solamente se podrán comercializar pajitas, bastoncillos de las orejas y palos para caramelos de material compostable.

«Navarra también tiene un anteproyecto de Ley que incluye muchos de estos productos y ambas inciden en el agua embotellada. Los restaurantes tendrán que poner agua del grifo y en las oficinas de la administración deberá haber una fuente pública. Otro detalle es que se plantean la creación de una oficina pública que controle la gestión de las basuras para evitar que sean los propios productores o recicladores los que den datos de reciclado. Creemos que la solución no es la sustitución de un material por otro, sino la reducción de consumo. Una fórmula que ya se aplica en Cataluña es el canon de residuos. Se cobra a los municipios por las toneladas de basura que terminan en vertedero», explica Rosa García, directora de la Fundación para la Prevención de Residuos y Consumo Responsable, Rezero.

Desde Greenpeace opinan que una cosa son las tasas de reciclado del contenedor amarillo y otra que productos como las pajitas terminen reciclándose. «De los 50 millones de latas y bricks que se ponen cada día en el mercado, unos 30 millones no se recuperan», opina Julio Barea, portavoz de Greenpeace.

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