La escasez de agua tendrá un coste de hasta el 6% del PIB

La calidad del agua de los ríos se ha convertido en el arma esencial para enfrentar el cambio climático, algo que afecta por igual a países pobres y ricos. En 2030 la disponibilidad de recursos será hasta un 40% menor. España tendrá que lidiar con caudales ecológicos, trasvases, la mejora del regadío y la depuración si quiere asegurar agua para todos.

A tan solo once años de la fecha límite para asegurar la disponibilidad de agua para todo el mundo, la ONU recuerda que 2,1 millones de personas viven todavía sin agua potable y más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días a causa de un saneamiento deficiente. «En los marcos jurídicos debe reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación suficiente para los que más la necesitan. Aún hoy existen motivos de discriminación en el acceso a este recurso básico para mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad, etc», dice Naciones Unidas.

Su Asamblea General reconoció el derecho al agua potable como un derecho humano en 2010, y estableció como cantidad necesaria un volumen entre los 50 y los cien litros por persona y día. Sin embargo, y sin ir muy lejos, la legislación española no reconoce explícitamente el derecho a este recurso mínimo vital, aunque «se están dando pasos a nivel local; por ejemplo, la Ley de Cambio Climático aprobada en Andalucía en 2018 es la única que lo reconoce, aunque no entra en detalles. Es cierto que la mayoría de las empresas tienen tarifas sociales, pero demandamos que en situaciones de vulnerabilidad no se corte el agua a las familias», explica Rocío Algeciras, secretaria general de la organización de consumidores Facua.

La limitación para el acceso al agua también se produce por el crecimiento de población, el cambio climático y la degradación ambiental, algo que afecta por igual a países pobres y ricos. Unos 5.700 millones de personas en el mundo sufrirán déficit de agua en las próximas décadas, según un informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos coordinado por la Unesco en 2018. Previsiones que coinciden con las del Banco Mundial: «si el actual crecimiento demográfico y las prácticas de gestión del agua continúan igual, el mundo enfrentará un déficit del 40% entre la demanda y el suministro de agua a fines de 2030, pero ya en el próximo lustro, unos 1.800 millones de personas vivirán en regiones con escasez absoluta de agua. La carestía tendrá un costo de hasta el 6% del PIB», dice. El agua dulce ya se ha reducido en un 60% en cuatro décadas, y disminuirá otro 50% en 2050.

Un futuro desierto

Esta realidad de carestía cada vez nos va a ser más cercana y es que, según datos del informe «¿Quién tiene miedo a la sequía» de la Fundación Botín, de los últimos cien años, 40 han sido de escasez de agua en la Península. «Estamos en un momento fundamental para la gestión de agua en Europa y en España por dos razones. La primera: que los efectos del cambio climático se están intensificando y el agua a disposición es cada vez menos. La falta de lluvias influye, pero en mayor medida incide la elevada temperatura que produce más evaporación. Tenemos que asumir que nunca más se va a llegar a los valores medios de épocas anteriores. Además, no se trata de algo concreto de una cuenca sino de todas las de España», dice Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. España es el país con más estrés hídrico del continente tras Malta y Chipre, tres cuartas partes del territorio están en riesgo de desertificación, por lo que se hace necesario afinar aún más la gestión e incorporar el medio ambiente en la ecuación, es decir, todo aquello que mejore la calidad y cantidad de agua en el entorno. De hecho, la UE está revisando la Directiva Marco de Agua con el objetivo de preservar el buen estado de los ríos. Algo que afecta a los caudales ecológicos y, por tanto, «en España a los Planes Hidrológicos y o los trasvases. La mejor manera de ser resilientes al cambio climático se basa en mantener la salud de los ríos, esto significa establecer los caudales ecológicos», dice Martínez. «La nueva Directiva puede entrar en conflicto con los Planes de Sequía y los trasvases», alerta Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. En su opinión, España debe estar alerta y extremar precauciones y esto a pesar de que «tenemos un buen instrumento para abordar largas sequías. Contamos con 55.000 hm3 de agua embalsada, un volumen 15 veces mayor que el que se necesita para abastecer a todos los sectores económicos no agrarios durante un año. El abundante regadío hace que se pueda retirar mucha agua de riego para otros usos en caso de necesidad», dice Garrido.

De hecho, la última sentencia del Tribunal Supremo pone en entredicho el futuro del trasvase de uno de los más recurrentes, el de Tajo-Segura, con el argumento del mantenimiento del caudal ecológico en la cabecera. Hay que recordar, por contra, que a la zona regada por el Segura se la conoce como la despensa hortofrutícola de Europa. Y es que otro de los puntos de disputa en España, el regadío, tiene también mucho margen de mejora; a pesar del enorme esfuerzo realizado en las últimas décadas, solo la mitad del riego se hace por goteo y aproximadamente un 25% se realiza todavía a manta, es decir, inundando el campo (producir una manzana consume 70 litros de esta forma y sólo 17 en riego por goteo). Y esto no es algo del futuro; ya en 2019 muchas cuencas españolas se encuentran en estado de alerta de sequía.

Trasvases y mejora del regadío, pero también sobreexplotación. Una reciente investigación de Greenpeace afirma que, entre 2013 y 2017, la extracción ilegal de agua ha costado 77 millones de euros en daños al patrimonio natural, que incluye aguas continentales, el cauce por el que estas discurren y lechos de embalses y lagos.

La depuración supone otra de las patas de mejora de la gestión de agua a nivel global, porque se estima que el 80% de las aguas negras terminan en los cauces de los ríos del mundo sin tratar. Y en esto España tampoco es diferente. Por un lado, desde el pasado mes de julio Europa ha condenado al país a una multa de 12 millones de euros que tendrá que pagar hasta 2022 porque 17 municipios de más de 150.000 habitantes no depuran las aguas conforme a las exigencias de las normativas europeas. «No es que falten, sino que no se está usando adecuadamente o se infrautilizan. Se necesitan 20.000 millones para paliar esta situación», afirma Garrido. Además de las infraestructuras, también hay margen de mejora en los tratamientos, algo en lo que coinciden los entrevistados, en la necesidad de regenerar agua para nuevos usos y para mejorar la calidad de los ríos. «Creemos que hay que aplicar tratamientos terciarios, con filtrados y membranas de menor tamaño, que eliminan componentes químicos que no desaparecen con los tratamientos secundarios (esto es por oxigenación y decantación. En España, todas las grandes ciudades cuenta con tratamiento secundario y el terciario solo se da cuando hay regeneración de agua, en zonas de Levante, para su posterior uso en regadío, por ejemplo). Pero claro, pasar a un uso terciario como ya se hace en Israel o en Europa significa que el precio del servicio aumentará de media unos 0,5 euros por familia», dice Garrido.