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Ramón Tamames

Las ciudades inteligentes

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Las «smart cities» no son un tema pasajero, como dijeron algunos en su conceptualización inicial

Las «smart cities» no son un tema pasajero, como dijeron algunos en su conceptualización inicial. Se trata de una realidad indispensable, que permite comprender mejor, y tal vez resolver o paliar, problemas territoriales en España. Como despoblación de grandes espacios, densidades demográficas bajísimas, natalidad por los suelos, envejecimiento, etc.

En esas circunstancias y en la era de la economía digital y la inteligencia artificial, las aglomeraciones urbanas tienen que ser gobernadas científicamente. Sin que quepa aceptar ya por más tiempo el modelo tradicional de ayuntamientos, limitados a pastorear de forma mediocre la vida mortecina de sus vecinos.

La ciudad hay que verla como un organismo vivo, que necesita una visión integral de funcionamiento de los servicios públicos en gestión directa o concesional, dentro de la teoría de la cooperación público/privada (CPP). Previos los estudios demográficos antes citados, amén de los flujos de población estudiantil, laboral, de jubilados, etc., teniendo en cuenta, adicionalmente, migraciones; para evitar problemas de educación primaria, desempleo de los «ni-nis», chabolismos intolerables y otros espacios urbanos mal atendidos que se configuran como guetos o supermercados de droga.

La ciudad inteligente tiene que prestar su atención a una matriz de necesidades (agua, transportes, empleo, sanidad, educación, etc.) con base en los recursos disponibles. Para facilitar que el modo de vida sea el más adecuado y disfrutable, y el medio ambiente el más favorable a la salud pública; con una preferencia definitiva pro energías de renovables en vez de la proveniente de combustibles fósiles. Hay que valorar, también, el patrimonio natural y monumental, que son las bases mismas de la cultura urbana y el turismo de más alta calidad. Y lo más decisivo: el equipo directivo debe estar preparado y plantear el futuro sin sectarismos partidistas, ni ocurrencias costosas como ahora sucede. Y todo ello de forma transparente, y buscando siempre la eficiencia en pro de los más que gravados electores contribuyentes, que deben ser los juzgadores finales del propio modelo.