Miedo al Brexit medioambiental

Las negociaciones sobre la libre circulación de personas y cuestiones económicas hacen temer que Reino Unido relaje sus políticas de conservación

La salida de Reino Unido de la Unión Europea no sólo afectará a la economía, a la sociedad, a la movilidad de las personas y de las mascotas, como ya contaba La Razón hace unos días, sino que va a tener consecuencias en todas las políticas, incluidas las medioambientales. Al menos ese es el miedo que han transmitido desde el principio defensores de la conservación, como el divulgador David Attenborough que explicó a la prensa de forma muy gráfica que aves como las golondrinas dejarían de ser europeas tras la separación. La suya no ha sido la única voz que desde entonces alude a un posible peligro para la conservación una vez que el Reino Unido abandone el paraguas de las directivas europeas.

A pesar de la promesa de Theresa May de dejar un medio ambiente mejor del que encontró cuando llegó al poder, el que se haya cargado el departamento de Cambio Climático de su gobierno o la presencia de figuras como el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, conocido por su posición negacionista ante el cambio climático, hacen temer lo contrario. Organizaciones como Amigos de la Tierra creen que no es buena señal que a medio-largo plazo las normativas del país queden sujetas sólo a los ciclos electorales internos o que su cumplimiento se supedite a nuevos acuerdos comerciales con otros países como Estados Unidos, bajo el mandato de un presidente también negacionista. Por eso estas organizaciones están a favor de un Brexit blando (como antes del referendum lo estuvieron del «remain»), es decir, de seguir estableciendo colaboraciones, que impliquen incluso la permanencia de alguna forma del Reino Unido de organizaciones como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Clima y emisiones

Si hay una palabra que define el momento es incertidumbre. Es cierto que Reino Unido ya no estará obligada a reducir para 2030 sus emisiones al menos un 40% respecto al nivel de 1990, aunque «las señales que está mandando Reino Unido desde 2008 son de compromiso hacia la descarbonización. De hecho May aprobó hace meses su quinto presupuesto para el carbono (en 2008 introdujo este recurso) lo que supone una reducción del 57% de emisiones para el mismo periodo. Reino Unido ha sido muy activa en descarbonización y no tanto en otros asuntos como en renovables o en eficiencia energética. Por otro parte, la marcha de Reino Unido de las votaciones dentro de la UE darán más peso a países como Polonia, con menos ambición y más presencia de los combustibles fósiles. El contexto es complicado, aunque el cambio de actores internacionales y de actitudes como la de China o la implicación del mundo financiero (comprometido en examinar los riegos medioambientales de las empresas antes de invertir), hacen que esta tendencia y la acción climática sean imparables. También son fundamentales la salud y la presión de los ciudadanos», opina Lara Lázaro, investigadora principal de cambio climático del Real Instituto Elcano.

Una de las organizaciones más activas en este sentido es Client Earth, ONG de abogados activistas que ha conseguido que el Tribunal Supremo exija al gobierno la adopción de medidas urgentes contra la polución del aire (una política que al menos de momento está asegurada en Londres; su alcalde Sadiq Khan acaba de anunciar nuevas tasas para los coches diésel y gasolina para 2019). La organización prefiere ver el Brexit como una oportunidad para crear medidas que conviertan a Reino Unido en líder contra el cambio climático. De hecho ClientEarth forma parte de Greener UK, un grupo de 13 organizaciones medioambientales que se han unido y firmado el «Manifesto», un documento con ocho decisiones para hacer un país más verde y que ya han firmado 200 representantes políticos.

Política energética

Además de organizaciones y diputados, el gobierno tendrá que tener en cuenta la opinión de los electores y es que, según una reciente encuesta realizada por el think tank Bright Bluedos terceras partes de los votantes conservadores abogan no sólo por la conservación sino por mantener las cuotas de pesca y lo objetivos en la producción de energía renovable. En este sentido un reciente informe del Real Instituto Elcano junto al Instituto Francés de Relaciones Internacionales examina los principales desafíos que plantea el Brexit al futuro de la política energética. «El denominado Brexit duro no parece ventajoso para ninguna de las partes, ni para Reino Unido, importador tradicional de energía, ni para la UE que tiene que sostener sus ambiciones climáticas de reducción de emisiones para 2050. La agenda energética de la UE gira en torno a tres temas en las que Reino Unido ha estado a la vanguardia, tanto de la liberalización del mercado de la energía, como en la promoción del aumento de las conexiones o la descarbonización. Hay que vigilar las políticas energéticas y climáticas respecto a estos compromisos internacionales adquiridos. Por otro lado, está la capacidad geopolítica del Reino Unido para contrarrestar la dependencia oriental de la UE, que deberá equilibrarse con el diálogo bilateral sobre energía con los Estados Unidos en el marco de su nueva administración, las importantes negociaciones sobre el TTIP y posibles debates en la Organización Mundial del Comercio», explica el texto.

Otra de las cuestiones que tiene en vilo a los agricultores y ganaderos de Europa es la Política Agraria Común. Hace unos días el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, advertía que la PAC sufrirá una merma de 3.600 millones de euros como consecuencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El comisario pronunciaba estas palabras durante una conferencia que se celebraba en Madrid sobre el futuro de la PAC post 2020 (en el nuevo paquete tendrá que aplicarse entre otras cosas el acuerdo de París sobre cambio climático). Es cierto que aún faltan tres años para fijar las posiciones definitivas de la nueva estrategia política, aunque para 2020 coinciden en el calendario la salida de un miembro de la UE y la renovación de las instituciones europeas con elecciones al Parlamento Europeo en 2019 incluidas.

Retraso en la PAC

Es por eso que en el sector ya se habla de la posibilidad de que la actual PAC se extienda hasta 2023, con lo que se ganaría tiempo, aunque «también se perderían años de ayudas al desarrollo rural, el otro pilar de la PAC junto a la ayuda a los productores. Nos sorprende que el mundo rural del país haya apostado por abandonar Europa dada la cantidad de ayudas que recibe. Es más o menos similar a la de España y hay que recordar que nuestro país tiene destinados 47.000 millones de euros hasta 2020. También hay que tener en cuenta que la PAC determina el tipo de agricultura de los Estados miembros. Ésta cada vez más está orientada hacia la sostenibilidad (el llamado greening) y no tanto a la producción. Ahora será el país quien tenga que definir su modelo productivo», explica el portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. «Nosotros creemos que el abandono de Reino Unido no tiene que impedir seguir con una PAC fuerte, tan estratégica para España. La incertidumbre que se plantea es cómo se accederá al mercado y cuáles serán las relaciones comerciales. España exporta frutas y verduras por un valor de 3.700 millones en 2015 e importa productos elaborados o whisky por valor de 1.000 millones. A medio-largo plazo pueden aparecer trabas a proveedores españoles o Reino Unido puede optar por buscar su producto en Australia o Nueva Zelanda», explica José Luis Miguel, director técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.

Cuotas de pesca

Reino Unido será ahora quien decida si aumentar o no sus cuotas de pesca. Es una de las reclamaciones hechas por algunos partidos proindependencia antes del referendum, la de recuperar el control sobre los peces de sus aguas o «waters back» como las conocen los pescadores ingleses. Una posición que tiene que negociarse puesto que, según publica The Guardian, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo rechaza aumentar dichas cuotas en aras de respetar los compromisos de pesca sostenible de la ONU y pide que para garantizar el acceso del Reino Unido al mercado interno de la UE, Reino Unido respete las obligaciones ya contraídas con Europa y garantice el acceso de la flota UE a sus caladeros. Un reciente estudio de José Manuel Sobrino Heredia, catedrático del Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, afirma que la marcha de Reino Unido abre la puerta a un aumento del Total Admisible de Capturas (TAC) para la flota española y coincide en la visión de la Comisión: si Reino Unido quiere seguir teniendo acceso al mercado europeo tiene que consentir el acceso a sus aguas.