En la Constitución, una Sanidad con financiación racional, lógica y suficiente

Estamos en España en una crisis del modelo de financiación autonómica que ha culminado con el trascendental e ilegal pronunciamiento de independencia por parte del Gobierno de la Generalitat. Ahora se apresuran a formar otro Gobierno mediante unas nuevas elecciones, mientras el resto de España nos debatimos acerca de cómo hacemos frente a las obligaciones que nos hemos creado en pro de un estado, solidario, moderno y que ha ansiado a estar entre los llamados estados del bienestar.

Sea cualquiera la importancia del coste sanitario en este debacle en nuestra armonía de convivencia que al parecer de nuestros políticos y juristas no es mucha, los que vivimos la Sanidad de cerca le consideramos un papel trascendental. En efecto, los expertos elegidos por las autonomías y aquellos que han acudido por parte del estado central, de una y otra vez vuelven a hablar con el acrónimo de los SPF, (servicios públicos fundamentales) como un cajón de sastre para tratar sin analizar, los tres servicios de educación, sanidad y dependencia. La evolución de su infrafinanciación en los años de la crisis es anatómicamente disecada, con una gran finura sin detenerse a hacer una elaboración sobre la esencia y particularidad de los mismos. Tan sólo alguno de ellos viene a llamar a la necesidad de contar con algún análisis sobre este particular realizado por quienes sepan del particular. Valga para ello este pequeño artículo, sin que sea un servidor el que se atribuya la condición.

Los tres servicios distan mucho de poder ser tomados en una bolsa sin diferenciación. Es cierto que en España las dos primeras han entrado de lleno en un servicio público reconocido, y que la dependencia se le atribuye en la Ley la misma consideración pero dejó pendiente nada menos que como se financia. Resulta evidente que los tres tienen una gran relación con el único servicio público que se dejó en manos del Estado que es el sistema de las pensiones. Y que éste se dejó en sus manos porque tiene la caja de los ingresos y las otras tres son las cajas de los gastos, que tiene un entendimiento del Estado para decidir el cuanto, pero que son las autonomías las que tienen que lidiar con el cómo se hace cuando no llega el dinero. Mientras que teniendo reglas similares el resto de los SPF, al menos la sanidad y la dependencia, el Estado se ha perdonado el efecto del sobregasto de la crisis, cargando a las regiones con sus deudas y sus desfases, cuando no tildándoles de despilfarro, cuando en los mismos años se ha esfumado el remanente de 60.000 millones de euros de pensiones.

Y ante este distinto comportamiento y para que se tome nota adjunta al informe de los expertos de la Hacienda escribo, al menos estos puntos de entendimiento:

1. La discrepancia ante las necesidades y los recursos públicos han ocurrido en Cataluña (2010) un poco antes que en Madrid (2013), y los conatos en otras autonomías por efecto de la reducción del presupuesto en Sanidad.

2. La Sanidad tiene unas reglas de juego mundiales de incremento constante en los costes, gracias a su propia eficacia. Cada día más personas se libran de la muerte a un coste muy elevado, cerca de 100.000 euros por cada nuevo cáncer diagnosticado y el 50% curado en la actualidad. Por tanto, cada día más personas mayores y cada día más ventajas para curar cuesta cada día más.

3. No tiene racionalidad alguna que en España se presupueste cantidades tan dispares en Sanidad por persona y año desde 1.000 a 1.600. Pequeñas diferencias supondrían análisis de sensibilidad que no se tiene capacidad de poder valorarlas. En ese coste, y su financiación, hay solidaridad entre las personas, entre los sanos y los enfermos, entre los jóvenes y los mayores. Pero no entre las regiones que sólo deben disponer de un sistema de transferencias de gasto optimizado y de abonos por los desplazamientos de personas, algunas veces buscando distintos tratamientos.

4. Es urgente que se sepa que España tiene un presupuesto sanitario mucho más bajo que el resto de los países de su entorno.

5. En ninguno de esos países el ciudadano ha de pagar un seguro, porque eligen y son protegidos por el propio sistema de financiación.

6. Es incumbencia de los políticos decidir cuánto se tiene y para que da de sí el presupuesto sanitario y no dejar a las autonomías a que se peleen con el ciudadano en una demanda no entendida por quien maneja el presupuesto. Y también a que se haga un análisis en paralelo, al encuentro de los que se han preparado para diseñar el nuevo modelo de financiación y se genere una nueva comisión permanente esta vez, de análisis y costes sanitarios y que se publiquen los resultados con las mejores prácticas y resultados, con representantes de todas las comunidades lo que revitalizaría el Ministerio de Sanidad y daría razón de ser al órgano interterritorial.