Fuego cruzado en la Sanidad valenciana

A la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, no paran de crecerle los enanos. La reversión al sistema público del Hospital de Alcira, decretada por su antecesora, Carmen Montón, se ha envenenado y empieza a dar la razón a los que la rechazaban con el argumento de que la gestión directa sería más cara para las arcas públicas, peor para los pacientes y lesiva para los profesionales del centro sanitario. Estos últimos, a través del comité de empresa, han denunciado precisamente un empeoramiento de las condiciones laborales. Lejos de ser idílico para ellos, el fin de la gestión privada de Alcira les está suponiendo una merma en las retribuciones, empujándoles incluso a acudir a los tribunales. La conflictividad laboral, unida a la situación de las listas de espera, ponen en solfa una decisión que tuvo un carácter más político que técnico: el de la supremacía de la Sanidad postulada por el PSOE frente a la ensayada por el PP. A Barceló se le han reevuelto también los médicos al reavivarse en la comunidad la guerra de la «prescripción enfermera», un término que no gusta a los batas blancas pero sí a la consejera, que ha habilitado a estas profesionales para que puedan desplegarla, en línea con las directrices emanadas desde Madrid. Como el uso de fármacos y productos sanitarios por parte de las enfermeras está muy tasado, resulta indiferente que se hable de prescripción, uso o indicación. Barceló tiene aquí razón.