Vacunas, ¿voluntarias u obligatorias?

La ley ya prevé diferentes estrategias de cara a evitar situaciones de riesgo epidemiológico como las ocurridas en países de nuestro entorno

  • El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado nunca en España al respecto, pero sí lo ha hecho en Francia y en Italia y en ambos países se dijo que las medidas restrictivas e incluso sancionadoras en casos de vacunación, eran perfectamente ajustadas a derecho | Dreamstime
    El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado nunca en España al respecto, pero sí lo ha hecho en Francia y en Italia y en ambos países se dijo que las medidas restrictivas e incluso sancionadoras en casos de vacunación, eran perfectamente ajustadas a derecho | Dreamstime

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17 de septiembre de 2019. 19:00h

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Eva S. Corada Santander . 17/9/2019

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Las vacunas gozan de una altísima aceptación en España, donde la tasa de inmunización supera el 97% de media, lo que da prueba de la confianza en ellas.

Con esto en mente, y ante el panorama que se dibuja en muchos países de nuestro entorno –por ejemplo con el sarampión en Europa, donde se ha pasando de 5.273 casos en 2016 a los 89.994 casos tan sólo en el primer semestre de este año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, no parece descabellado buscar fórmulas que permitan superar las reticencias a las vacunas ante el temor a que el rechazo se extienda cada vez entre más grupos de población o a otras inmunizaciones.

Porque, aunque España es considerado desde 2016 por la OMS como un país libre de sarampión (Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia acaban de perder este estatus), este año “entre el 1 de enero y el 21 de julio se han registrado 233 casos en nuestro país, si bien todos ellos son casos importado”, es decir, de ciudadanos que se han contagiado en otros países y han llegado al nuestro, como apuntó la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, durante el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), “En un mundo global las vacunas cuentan”, celebrado esta semana en Santander.

O, como en el caso de la gripe, como la propia ministra reconoció, “donde andamos un poco distanciados de los niveles recomendados por la OMS del 75% de cobertura, pues estamos en el 56%. Y ahora que se acerca la campaña de la gripe estamos en el momento más oportuno para hacer este llamamiento y elevar la vacunación”, dijo.

Pero, ¿qué se puede hacer para prevenir estas reticencias? ¿Tenemos herramientas o mecanismos capaces de fomentar la inmunización o evitar que se repitan casos como el del niño de Olot en 2015, que murió por difteria y al que sus padres no habían vacunado? ¿Habría que hacer la inmunización obligatoria?

Vacunas

Tal y como explicó César Tolosa, magistrado del Tribunal Supremo, desde el punto de vista legal existen cuatro modelos respecto al tema de la vacunación: el español, en el que hay libertad absoluta para hacerlo o no (es decir, se delega en el ejercicio responsable de la patria potestad); obligar a ello: bien a toda la población o sólo a determinados colectivos (como los menores o los profesionales sanitarios o de seguridad); apelar al principio de responsabilidad, donde se da soporte a medidas de diferente naturaleza como sanciones o la restricción de derechos (como el acceso a los centros de enseñanza), como en Francia; y, por último, un sistema de incentivos, como en Australia, donde los padres que vacunaban a sus hijos tenían una serie de beneficios fiscales pero, como con el tiempo este incentivo dejó de tener los efectos deseados ahora cada día que pasan sin vacunarles se les sanciona con 18 euros.

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y profesor de Derecho Constitucional, aboga por trabajar en incentivos buscando nuevas fórmulas que, sin ser obligatorias ni voluntarias, puedan llevar a los ciudadanos a apostar por la inmunización: “El nuevo paradigma es el de la responsabilidad individual. El debate ha de centrarse sobre los posibles cursos de acción intermedia; hay multitud de fórmulas que pueden animar a las personas a vacunarse. De hecho, en muchos países se emplea la palabra “nudge” para definir esta postura, que vendría a significar algo así como un empujón sin alterar la libertad del individuo”.

El problema surge cuando este tipo de abordajes no surten efecto y, pese a todo, los padres no quieren vacunar a sus hijos. Es entonces cuando entra en juego la Ley. En los últimos años han saltado a los medios diversos casos en los que la no inmunización ha llegado hasta los tribunales y, hasta ahora, el argumento esgrimido por los jueces ha sido apelar al bien común para vacunar al pequeño.

Sin embargo, en opinión de Montalvo, situar el debate en el interés colectivo es un error: “Siempre se debe decir que es para proteger al niño, en primer caso y no en beneficio de la Salud Pública. Y protegiendo al menor se protege también a su entorno”. Otra idea preconcebida errónea que señala este experto es pensar que si las vacunas son voluntarias, ¿cómo se puede obligar a los padres a vacunar a sus hijos? En este sentido, recordó que “el padre no puede nunca decidir en perjuicio de su hijo”.

Patria potestad

Por su parte, César Tolosa, considera que, en materia de vacunación, los tribunales españoles “se van a mover” en una nueva línea a la hora de dictar sentencias porque “el interés del menor debe prevalecer sobre la patria potestad de los padres”.

“Hasta 2015, que se modifica la ley, los padres hacían lo que querían en base al ejercicio de la patria potestad, pero el ejercicio de su voluntad ya no es libre si se pone en peligro la integridad del menor. La protección de la infancia no corresponde únicamente a los padres sino también a los poderes públicos. El problema es que en la práctica esta medida no sirve de mucho pues los padres que no quieren vacunar a sus hijos no acuden a un centro de salud a decir que no lo van a hacer. Con lo cual este sistema no funciona, pero sí puede hacerlo en los sistemas escolares. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado nunca en España al respecto, pero sí lo ha hecho en Francia y en Italia y en ambos países se dijo que las medidas restrictivas e incluso sancionadoras en casos de vacunación, eran perfectamente ajustadas a derecho. De hecho ya existen medidas sancionadoras en Castilla y León y Extremadura, y se van a poner en marcha en Asturias (por decisión de las guarderías privadas) y Galicia”, aseguró el magistrado del Tribunal Supremo.

Tolosa también hizo hincapié en la incongruencia de nuestro propio sistema cuando permite a los profesionales de la salud no inmunizarse: “Las tasas de vacunación del personal sanitario son anormalmente bajas en aquellas vacunas en las que ellos contagian, como la de la gripe y donde la tasa apenas supera al 30%, pero no en aquellas en las que pueden ser ello contagiados”.

En cualquier caso, y como apunta Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, por suerte en nuestro país no estamos en la tesitura de plantearnos cambiar el sistema actual y “hacer la vacunación obligatoria podría causar efectos colaterales negativos así como fortalecer a los que están en contra”. Por todo ello, concluye, “cuando algo funciona bien es mejor no tocarlo”.

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