Desokupemos el gobierno

Por Carlos Navarro Ahicart

Reacciones variopintas a la noticia de los “desokupadores” de edificios en la Barcelonade Ada Colau: una pequeña empresa privada cuya actividad se centra en la asistencia a propietarios de inmuebles “okupados” a quienes las fuerzas del orden no ayudan ante esta terrible problemática. Gente que lo apoya, gente que lo denuncia, y gente a la que le da absolutamente lo mismo al no verse afectados por este fenómeno creciente. Pero, ¿y el fondo de la cuestión?

Como se puede deducir, algo superior a okupas y desokupadores subyace tras el asunto que tratamos hoy. Y es, ni más ni menos, que el absoluto abandono de la defensa de la propiedad privada como derecho fundamental del individuo. Los gobiernos a todos los niveles -salvando las distancias entre unos y otros, claro está- han comenzado a obviar la supremacía de lo que un día fue uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental para venderlo vilmente a los postulados del marxismo cultural imperante en la sociedad actual.

Para hablar más concretamente del tema, nos centraremos en el flagrante despropósito que suponen las medidas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a este respecto. Esta señora no solo permite, sino que protege, que los okupas campen a sus anchas por la ciudad, haciendo suyo todo espacio que consideren expropiable para “el pueblo”. Eso si asumimos que “el pueblo” son cuatro pintamonas sin oficio ni beneficio cuyo único mérito en esta vida es saber forzar cerraduras y atrincherarse en un piso que no es suyo, amenazando al propietario y escudándose en la falsa “justicia social” como justificación de sus nefastos actos.

Ante esta situación y la manifiesta pasividad del ayuntamiento para con la lucha contra esta violación supina del derecho de propiedad, ha ocurrido lo evidente. Una empresa privada ha ocupado el hueco de mercado de la seguridad abandonado por las fuerzas del orden para proteger a los propietarios y sus propiedades de los constantes ataques de los parásitos del sistema. En resumidas cuentas, que un fallo evidente de la legislación ha favorecido el nacimiento de un elemento clave de una sociedad plenamente libre: la seguridad privada como sustitutivo al monopolio estatal del sector.

Siendo consecuente, Ada Colau debería aceptar que su negativa a garantizar la protección de la propiedad privada de los barcelonenses abre la puerta a iniciativas privadas como las de Desokupa. Pero, lejos de ello, como cabía esperar de un personaje como el que ella representa, ha ordenado a los agentes de seguridad de la ciudad que obstaculicen la actividad de la empresa de la que hablamos, nuevamente permitiendo que los okupas continúen atacando la propiedad privada sin sufrir las consecuencias evidentes y legítimas de sus acciones.

No solo es insultante y propio de sociedades atrasadas y degeneradas. La señora Colau, igual que todos los gobernantes que permiten situaciones como esta y las favorecen de uno u otro modo, debería ser llevada ante la Justicia por ser la responsable política de profanación de uno de los derechos individuales más esenciales. Hasta que no nos aseguremos de que nuestros gobiernos cumplan su única función legítima, la de proteger al ciudadano, estaremos indefensos ante la oleada de totalitarismo que florece gracias a su inacción. Y, por supuesto, seguirán surgiendo iniciativas totalmente deseables y bienvenidas como las de Desokupa: una respuesta de la sociedad civil responsable a la depravada indolencia de algunos ilegítimos gobernantes.