Adoctrinar no es educar

Cuarenta años después de que nuestro país disfrute de una Constitución que iguala en derechos y obligaciones a los españoles resulta paradójico que haya gobiernos autonómicos que fuerzan el texto guía de nuestro ordenamiento jurídico a conveniencia y situando por encima los intereses partidistas e ideológicos frente a la libertad de los ciudadanos.

La educación es un área sensible y tiene la llave de la transformación de nuestra sociedad de bienestar en una más avanzada y consolidada. Por contra, un mal uso de la política educativa puede devenir en una regresión de las libertades públicas y en la conformación de un pensamiento único que suponga una involución de los valores democráticos tan arraigados ya en nuestro territorio.

El ejemplo de Cataluña donde el sistema educativo de las últimas décadas ha supuesto ya una peligrosa deriva hacia el radicalismo independentista debía haber encendido la luz de alarma en el resto de regiones españolas. En la Comunidad Valenciana los gobernantes autonómicos no solo no han tomado nota para evitar caer en esos errores sino que han copiado esa hoja de ruta que desde el PP vamos a combatir.

La legislatura ha demostrado que Ximo Puig y Mónica Oltra comparten objetivos con los independentistas catalanes y han situado en la escuela pública su foco ideológico para comenzar a arrinconar la lengua castellana frente al valenciano y para coartar la libertad de elección de los padres.

El decreto de plurilingüismo del Gobierno valenciano ha sido rechazado en los tribunales. Hace escasos días la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lo anulaba parcialmente. Aseguran desde la Generalitat que ese decreto está ya derogado, y es cierto, pero también lo es que su espíritu sigue vigente en la ley educativa que aprobaron a posterior –sin consenso alguno– por lo que vamos a seguir denunciando esta situación.

El próximo sábado día 5 de mayo Mariano Rajoy visitará la ciudad de Alicante y allí tendremos la ocasión de reclamarle que en el marco de la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat se ponga fin a la discriminación en la ley educativa valenciana y, en caso de no atender Puig estos requerimientos, acudir a la justicia ante los tintes claramente inconstitucionales de la norma.

La atención hay que fijarla fundamentalmente en dos cuestiones. La primera es la que se refiere a que la ley sigue recogiendo, como hacía el artículo 9.4 del derogado decreto, que los colegios tienen que optar por un mismo nivel lingüístico para evitar “segregación del alumnado” dentro del mismo centro. Esta cuestión en la práctica se traduce en que muchas familias no tienen alternativa a la escolarización de sus hijos en valenciano.

La segunda hace referencia a la obligación que la norma impone a los centros educativos de tener “la misma intensidad o mayor” de la oferta de valenciano. Esto supone que desaparece el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales y el valenciano se sitúa en un plano de superioridad jerárquica sobre el castellano. La sentencia del TSJCV anula lo que era la disposición adicional octava del decreto de plurilingüismo, que sigue vigente en la ley educativa, como también rechazó en su día que para poder acceder a un nivel de inglés más alto y tener la correspondiente certificación había que estudiar en valenciano.

Los magistrados tienen claro lo que defendemos desde el PP de la Comunidad Valenciana, que la política educativa de Puig y Oltra es de “chantaje lingüístico”, y es algo que no podemos permitir por el bien de nuestra sociedad. Los valencianos jamás han hecho de la lengua un arma arrojadiza y una fuente de conflicto, viven con normalidad la coexistencia de las dos lenguas y nunca se ha impulsado desde las instituciones una “cruzada” como la actual que pretende arrinconar el uso del castellano incluso en comercios y familias.

Es ese intrusismo en la libertad de elección de los ciudadanos el que no vamos a dejar de denunciar y los tribunales comparten esta visión. La sentencia del TSJCV tiene claro que hay que “recuperar” el derecho preferente de las familias a elegir la lengua vehicular en la quieren que sean educados sus hijos. Y es en segundo término, a la vista de la elección de los padres, cuando el centro educativo debe organizar el programa lingüístico.

Hasta ahora Ximo Puig ha pretendido que sea al revés y si no rectifica de inmediato se arriesga a que el Tribunal Constitucional también anule la ley educativa en aquellos puntos que vulneran los derechos establecidos en nuestra Carta Magna.

Los valencianos merecen disfrutar de la riqueza cultural que supone tener una lengua propia y tan querida como el valenciano y hacerlo sin entrar en conflicto con quienes prefieren emplear el castellano. Buscar enfrentamientos estériles, vulnerar la Constitución y violentar los derechos de los ciudadanos no conduce más que a la fractura. La educación debe estar fuera del debate ideológico y tiene que ser nuestra garantía de progreso desde la libertad y eliminando el adoctrinamiento.