El Consell insumiso de Ximo Puig

Las sociedades democráticas encuentran en su raíz más profunda el cumplimiento de la ley por ser la garantía de la convivencia. No es la raza humana la más proclive al entendimiento, si atendemos a nuestro dilatado historial, y la tendencia a agruparse obliga a buscar sistemas de coexistencia donde primen la tolerancia y el acuerdo. La democracia y la separación de poderes no tienen rival a la hora de organizarnos en armonía.

Aquí radica la importancia del respeto a lo que marcan los tribunales porque es la esencia de la igualdad de todos frente a la imposición, el sectarismo y la arbitrariedad. Temo que la Generalitat Valenciana ha entrado en una espiral peligrosa como es la tentación de desobedecer a los tribunales por vía legislativa, lo que se antoja temerario.

La implantación de una corriente de pensamiento único, especialmente virulenta en el ámbito educativo, ha sido el “leit motiv” de este Gobierno autonómico y para ello se ha legislado de espaldas a la sociedad. Sindicatos, profesores, directores de centros, padres y alumnos sufren las consecuencias de esa burda imitación de la hoja de ruta del independentismo catalán que provocó que más de 300.000 personas salieran a la calle a protestar contra los abusos y la inmersión lingüística.

El PP no permanece ajeno a las quejas de los valencianos, es más, hemos encabezado las acciones judiciales contra esa forma de hacer política y recurrimos el decreto de plurilingüismo. Los tribunales nos dieron la razón y el Consell que preside Ximo Puig y secunda Mónica Oltra optó por derogar su decreto pero, en ningún caso, volvió a la ley educativa anterior que la formación que ahora presido aprobó –con un gran consenso– allá por el año 2012.

Esa tarjeta amarilla para Puig, que permite los desmanes de los nacionalistas al frente de la cartera de Educación, no sirvió de nada y siguieron adelante con su plan. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó la petición de la Generalitat para que se archivaran los diez procedimientos judiciales que está tramitando contra el decreto de plurilingüismo, al entender, que aún mantiene su vigencia.

Es una tarjeta roja. Queda claro que el actual Ejecutivo autonómico ignora las decisiones de los tribunales y que utiliza la vía legislativa para adentrarse en su idea de la inmersión lingüística. Vamos a apercibir a Puig de esta desobediencia y si no hay ninguna reacción daremos otro paso adelante y acudiremos a los tribunales a denunciar esta actitud y parar su sectarismo. Deben volver a la norma anterior porque la que intentan imponer es nula de pleno derecho.

Los que han embarrado tanto el terreno de juego político no se pueden quejar ahora de que el PP cumpla con su labor de oposición y Puig ya no puede esconderse detrás de los independentistas de Compromís porque él es el responsable del caos en Educación. El secretario general de los socialistas valencianos se encuentra más cercano en la práctica a Miquel Iceta y los socialistas baleares que a los que tienen una visión de España como proyecto común.

Son las dos almas del PSOE y Puig parece haber elegido el lado de los nacionalismos excluyentes y así lo demuestra con su gestión política. El campo de intervención es tal que la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), que impulsaron vía decreto el pasado mes de noviembre, también ha sido recurrida por el PP ante los tribunales y ya ha sido admitida.

Pretenden crear una “policía del buen hablar” y entrar en la vida de las personas y las empresas privadas para –con la excusa de promocionar el valenciano– ir arrinconando el uso de la lengua española y penalizar a los que la usen. Esa fractura gratuita en la sociedad valenciana, donde la convivencia de las dos lenguas cooficiales es ejemplar, no se puede tolerar y lucharemos para que no se consume.

Desobediencia clara ante los tribunales, en el caso de la ley educativa, y en este caso de la ODL desatención a los reparos que el Consejo Jurídico Consultivo y la Subsecretaría de Presidencia a la puesta en marcha de esta oficina. El primer organismo incluía hasta cinco objeciones esenciales que no se atendieron, tales como la necesidad de “suprimir las referencias a personas físicas y jurídicas de naturaleza privada como posible sujetos pasivos de quejas o sugerencias por derechos lingüísticos en materia de consumo”.

El segundo departamento, dependiente de Ximo Puig, alegaba la falta de fundamento legal para aplicar el funcionamiento de esta oficina a la Administración Local y General y la vulneración de la legalidad vigente cuando se pretende aplicar a las relaciones privadas. Ni siquiera a sus técnicos escucha el presidente autonómico dejando en la indefensión más absoluta a los ciudadanos.

Este Gobierno autonómico que desobedece a los tribunales e ignora a sus órganos de consulta no merece seguir al frente de la Comunidad Valenciana. Y bien haría Puig en rectificar porque, al final, incumplir las sentencias judiciales siempre, siempre, siempre, tiene graves consecuencias.