El tribunal militar de Tenerife ha juzgado este jueves a un agente del instituto armado destinado en la isla, acusado de un delito de abandono de destino por haberse desplazado a la Península durante un periodo de baja médica. La Fiscalía solicita una pena de seis meses de prisión.

La vista se ha desarrollado en la sala del cuartel de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife, después de dos aplazamientos previos. En el exterior, una decena de efectivos convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha concentrado para rechazar que los agentes sean sometidos a la justicia castrense. Los manifestantes han insistido en que esta situación vulnera derechos básicos y mantiene a la plantilla bajo un régimen sancionador que consideran desfasado.

Durante la sesión, que ha durado más de dos horas, el acusado se ha limitado a responder a las preguntas formuladas por su defensa. Han comparecido cuatro testigos, entre ellos los dos médicos que firmaron la baja y un compañero con el que compartía residencia, además del teniente comandante responsable de la instrucción del expediente.

A la salida del cuartel, el agente ha expresado su malestar por el procedimiento. Ha asegurado sentirse "muy decepcionado" porque considera que el proceso es "exagerado", aunque ha recalcado que "a pesar de todo quiero seguir siendo guardia civil". Relató que tuvo un accidente de tráfico en el verano de 2024 mientras estaba destinado en Playa de las Américas y que los facultativos le diagnosticaron una dorsalgia aguda y una cervicalgia. Según explicó, la baja que le concedieron no era inhabilitante y los servicios médicos no observaron impedimento alguno para que viajara a la Península. Añadió que "no tenía a nadie en Tenerife" que pudiera ayudarle, por lo que solicitó permiso para trasladarse temporalmente a Guadalajara y que el coronel de la Comandancia rechazó la petición pese al informe sanitario.

La organización profesional AUGC ha denunciado que el instituto armado mantiene un régimen correctivo demasiado duro. Su secretario de relaciones institucionales, Diego Madrazo, ha afirmado que el agente "se ha coaccionado y sometido a un proceso militar injusto y completamente trasnochado". A su juicio, la decisión de llevar este caso a un tribunal castrense constituye "un acto de injusticia" que afecta a todo el personal destinado en el archipiélago, ya que "siempre va a haber un registro de vuelos". En otras zonas del país, ha recordado, existen alternativas de transporte que no dejan constancia documental y ello introduce una desigualdad difícil de justificar.

Madrazo ha defendido que "la Constitución consagra el derecho a la libertad deambulatoria" y que algunos mandos parecen ignorar que "los guardias civiles gozamos de los mismos derechos". Ha señalado que el Código Militar se emplea en la Guardia Civil "como herramienta de presión", y añadió que está concebido para el Ejército en zonas de operaciones y orientado a preservar "la disciplina, la jerarquía", por lo que no debería aplicarse a quienes "protegemos los derechos fundamentales en nuestro día a día".