El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lanzado un contundente mensaje al Estado y a las comunidades autónomas: “se les han acabado las excusas”. Cabello exigió que el reparto de los más de 4.400 menores migrantes no acompañados acogidos actualmente en las Islas comience “de manera inexcusable” antes del verano, dado el colapso que vive el archipiélago y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello destacó dos fechas clave esta semana: el 28 de mayo, cuando se celebrará la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Menores, y el 29, cuando el Tribunal Supremo ha citado al Gobierno de España para que explique el incumplimiento de una medida cautelar relativa a 1.200 menores solicitantes de asilo que siguen en Canarias sin ser trasladados. “Esperamos avances significativos en ambas líneas, porque la situación de emergencia que venimos viviendo desde hace más de 21 meses no admite más demoras”, señaló el portavoz.

Actualmente, Canarias tutela a unos 5.600 menores migrantes distribuidos en 86 centros habilitados por el Ejecutivo autonómico. Esta cifra supone más del 80% de todos los menores no acompañados llegados a España en los últimos dos años, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Las administraciones regionales han reiterado en múltiples ocasiones que la solidaridad interterritorial "ha fracasado" en este asunto. Aunque la Ley de Extranjería contempla mecanismos para redistribuir a los menores migrantes entre las distintas comunidades en función de criterios técnicos, como la capacidad de acogida o los recursos disponibles, la "falta de voluntad política" ha obstaculizado su aplicación.

España ha vivido un incremento del 40% en la llegada de menores migrantes no acompañados en el último año, especialmente a través de la ruta atlántica. Esta situación ha puesto a prueba el sistema de acogida y protección del país, con Canarias como epicentro de una crisis que pone en juego los derechos fundamentales de miles de niños y adolescentes. Así, el Ejecutivo regional considera que el Estado y las autonomías están instrumentalizando a los menores en una batalla política, lo que ha derivado, en palabras de Cabello, en una “caricatura de los derechos de la infancia”.

“La ley ya está en vigor. No puede seguir esperando por nadie. Lo que se está haciendo es utilizar a estos niños y niñas como munición política. Bien por un lado o bien por otro, los dos podrían estar haciendo más. Ni el Estado ni las comunidades autónomas están ayudando a estos menores ni apoyando a Canarias”, criticó

La intervención del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha citado al Gobierno de España para el 29 de mayo con el objetivo de esclarecer por qué no ha cumplido con la medida cautelar emitida hace meses que le obligaba a actuar respecto a 1.200 menores susceptibles de ser beneficiarios de asilo político. “La solicitud del Supremo es muy clara”, señaló Cabello. “No se trata de una invitación, sino de una exigencia de explicaciones por un incumplimiento legal”.