El Consejo de Cuentas defiende que los ayuntamientos “ya no forman parte del problema de déficit público” y pueden ser “parte de la solución”

Su presidente, Mario Amilivia, defiende que la Ley de Estabilidad Presupuestaria “ha cumplido los objetivos”

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, consideró que los ayuntamientos “ya no forman parte del problema de déficit público” sino que, por el contrario, pueden ser “parte de la solución” a nuevos problemas como las necesidades generadas por la pandemia por la COVID-19 independientemente de los mecanismos que se instrumenten para favorecer la utilización de los remanentes.

Así lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes regionales en la que presentó dos informes: el informe anual de cuentas del sector público de la Comunidad correspondiente al año 2018 y el informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera en las entidades locales de Castilla y León en el periodo entre 2010 y 2017.

En relación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Amilivia consideró que la normativa “ha cumplido con los objetivos” ya que la normativa supuso “un punto de inflexión” y alcanzó una disminución del gasto de las entidades locales en torno al 20 por ciento, pasando de 3.072 millones de euros en 2010 a 2.449 millones en 2.017, además de que los ingresos disminuyeron aunque en menor medida.

En ese periodo, los remanentes de tesorería para gastos generales pasaron de 213 a 929 millones, lo que supuso un aumento del 152 por ciento, con especial incidencia al saneamiento de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, mientras que desde 2013 fueron positivos en todos los grupos de entidades, lo que mantuvo el incremento en el 74 por ciento.

En las nueve diputaciones, los remanentes de tesorería para gastos generales pasaron en este periodo de 156 a 324 millones de euros y todas las diputaciones mejoraron su cifra entre 2010 y 2012 excepto Segovia, Palencia y Zamora. De 2012 a 2016 solo la aumentaron las de León, Burgos, Zamora y Soria si bien en ambas etapas, los remanentes de todas fueron positivos. Especial llamativa es la cifra de la Diputación de León en 2016, con casi 150 millones, informa Ical.

En las capitales de provincia, el gasto no financiero pasó de 1.113 a 904 millones de euros y los remanentes de tesorería pasaron de -63 millones a 156. Todas mejoraron su cifra hasta 2012, excepto Valladolid y Burgos, y los ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora pasaron de cifras negativas a positivas. Por último, en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no son capitales de provincia, el gasto no financiero en el conjunto de los 14 ayuntamientos pasó de 308 a 237 millones. En estos años, los remanentes de tesorería para gastos generales pasaron de -55 millones de euros a 53, de forma que en 2016 todos tenían remanentes positivos.

En medio de un debate de plena actualidad como es el de los remanentes municipales, Amilivia lanzó tres recomendaciones que incidió en que tienen que “contextualizarse” en el momento de aprobación del informe cuya situación se ve ahora “alterada” por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, en las que aseguró que se “anticipa” un debate “de absoluta vigencia” como es el uso de los remanentes de manera que las entidades locales eviten la existencia de capitales líquidos inmovilizados “por encima de las necesidades de tesorería”.

Respaldo de los grupos

Los grupos parlamentarios trasladaron su respaldo a los informes del Consejo de Cuentas y elogiaron el trabajo desarrollado, por lo que no dudaron en tildarlos de excelentes tras un trabajo “muy complejo”, además de que pusieron de manifiesto que Castilla y León tenga unos niveles “notablemente superiores” a otras comunidades autónomas.

El procurador del PP, Salvador Cruz, expresó “cierta preocupación” por el descenso en la formación de la rendición de cuentas aunque aseguró que la Junta se encuentra “abierta a un debate sosegado” con el fin de que Castilla y León se sitúe “en los niveles más altos de rendición de cuentas”. El procurador del PSOE, Luis Briones, felicitó al Consejo de Cuentas por sus informes pero lamentó que “no todo va bien” porque hay entidades “incumplidoras de forma reiterada”, algo de lo que culpó a la Junta de Castilla y León.

Real decreto

Las principales discrepancias llegaron en relación a la convalidación en el Congreso del real decreto del Gobierno suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos hagan entrega de sus remanentes de tesorería, algo que rechazaron los representantes en la Comisión tanto del PP como de Cs.

A juicio de las responsables de la formación naranja, Alba Bermejo y Blanca Delia Negrete, contiene “los aspectos más lesivos” para los ayuntamientos y supone “un engaño”, además de que pusieron de manifiesto que vulnera principios constitucionales como el de autonomía y suficiencia financiera, declararon. “El Estado quiere reducir su déficit a costa de los ayuntamientos”, lamentaron.

El portavoz del PP, Salvador Cruz, consideró que este real decreto supone “una ruptura del consenso” fruto del “éxito” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y estimó que ante situaciones “extraordinarias” como la actual, se requieren de soluciones que también lo sean. “Lo único que quiere el Gobierno es maquillar el incremento del déficit público”, estimó.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y Hacienda, Luis Briones, lamentó que solo se hable del Gobierno de España, algo que tildó de “cansino” y acusó a la Junta de “no dar ninguna solución a los ayuntamientos”. Para Briones, el Ejecutivo autonómico tiene que hacer “más caso de las conclusiones” porque “se ha limitado a explicar” cuando “echar la culpa a otras administraciones no conduce a nada”, sentenció.