La Junta critica los criterios “bruscos” aprobados por el Gobierno de ayudas de la PAC

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, alerta de que puede provocar “desequilibrios”

El consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Jesús Julio Carnero
El consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Jesús Julio CarneroIcal

Como un jarro de agua fría ha caído en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el que se establecen las reglas de aplicación para los próximos dos años que regirán la gestión de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en España. Un real decreto recibido con muchas críticas, incluso desde el propio sector, que no ve con muy buenos ojos estas propuestas que pueden acarrear que muchos agricultores y ganaderos se vean obligados a dejar sus tareas en el campo.

En declaraciones recogidas por LA RAZÓN, el consejero de este departamento en la Comunidad ha vuelto a señalar que la postura de la Junta en este campo es “clara y diáfana”, recordado que la Junta ha mandado distintas comunicaciones al Gobierno en fase de alegaciones.

“Tenemos que seguir avanzando en la aplicación de nuevos criterios de la PAC, pero tenemos posibilidad de hacerlo de manera brusca o suave, y hacerlo de esta última manera supone tener una convivencia progresiva hasta el año 2026″, ha señalado Carnero quien ha lamentado que el Gobierno se haya decidido por la forma “brusca”, algo que a su entender va a provocar desequilibrios y va a “beneficiar y a perjudicar” a unos y otros.

El consejero ha destacado que la Junta no está de acuerdo con la posición del Gobierno de España, por lo que ha declarado que “sí a la nueva PAC”, pero siempre que se introduzca de una manera paulatina.

Con la nueva normativa y según el Gobierno se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual”.

El régimen de pago básico, que se abona según un sistema de derechos agrupados en 50 regiones distintas, la normativa “continúa con la convergencia relativa” del valor de todos los derechos de cada región hacia un importe medio”.

Según el Ministerio, el objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, principal ayuda a la renta de los productores.

Una convergencia que se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la que se inició en 2015 y que el Ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años.

Reacciones de las Opas

Las organizaciones profesionales agrarias valoraron hoy el Real Decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros de transición hacia la nueva Política Agraria Común (PAC) y, en general, pusieron de relieve su fondo “bueno” si bien lamentaron “las formas” en las que se ha aprobado. En este sentido, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, auguró que “va a cabrear un poco a todo el mundo”.

Así lo puso de relieve en declaraciones a Ical al entender que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha tenido en cuenta las propuestas tanto de las comunidades como de las organizaciones agrarias, que entre otros aspectos habían propuesto “recorrer este camino” en un periodo de cuatro o cinco años para que así los agricultores notaran “menos” la diferencia de ingresos entre uno y otro año.

“No tenemos conocimiento de por qué se han empeñado en hacerlo en dos años y no en el periodo de vigencia”, trasladó Dujo. “No se han tenido en cuenta las cosas y no es momento de cabreo en estos momentos cuando hay que negociar esta primavera el plan estratégico que hay que mandar a Bruselas”, añadió. “El Ministerio debe hacer caso a las opas y a las comunidades autónomas en su planteamiento, no tener mano dura y hacer solo lo que estime oportuno”, añadió.

Dujo recordó que la convergencia en los pagos es algo que está sobre la mesa desde hace años y así se está “avanzando” pero la “queja” que se manifiesta es que se preveía que se iba a desarrollar durante el periodo de vigencia de la nueva PAC, mientras que el Gobierno lo ha adelantado “de forma brusca” en estos dos ejercicios. “Hay muchos agricultores que tienen una proyección de ingresos de x y que ahora, de golpe y porrazo, se los quitas, lo que distorsiona de manera importante la rentabilidad de la explotación”, concluyó.

En una línea parecida se expresó, en nombre de la Alianza, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, quien consideró que este real decreto y el anticipo de la normativa europea en materia de convergencia “no tiene por qué ser malo” aunque lamentó que todavía no se conozcan los números, que constituye “la clave de la cuestión”.

“No podemos decir si es bueno o malo para Castilla y León porque no conocemos los datos”, insistió González, quien sí expresó su preocupación por que las cosas “se hagan sin consenso y sin ofrecer todos los datos”, porque además recordó que son las comunidades quienes finalmente tienen que aplicar la normativa europea. Dado que el borrador de este texto se conocía desde septiembre, el secretario general de UPA advirtió que no se puede alegar que no se tenía conocimiento de ello.

“La reforma de la PAC hay que hacerla”, aseveró González, quien apostilló que el hecho de converger antes “no tiene por qué ser malo”, insistió. Sin embargo, sí echó en falta un artículo en el que se recojan posibles excepciones de propietarios con derechos antiguos y que constituyen casos “excepcionales” y que abogó por “corregir”.

González abogó por la igualdad de pago en las mismas condiciones y por “cuidar” a aquellas personas que mantienen la actividad, en lugar de mantener los pagos a aquellas personas que tenían unos derechos altos “por algo que tenían”.

El presidente de Asaja no ocultó cierto “recelo” en la prohibición a la recolección nocturna que se incluye en este Real Decreto, en especial en el caso de determinados cultivos. “Se empieza por un poco y se acaba por todo”, auguró Dujo, quien recordó que en Castilla y León hay tareas que requieren de una recolección nocturna, como se hace en el caso del empacado o la recogida en Rueda (Valladolid). “Cualquier prohibición debe tener el consenso”, recalcó Dujo.

Por su parte, Aurelio González también echó en falta que, al igual que se adelanta la convergencia, se haga lo mismo con otros aspectos, como es el caso de la aplicación de conceptos como el del agricultor activo o el activo plus.