Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia rechazan de “forma rotunda” la prohibición de cazar al lobo

Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han rechazado de “forma rotunda” la prohibición de cazar al lobo en toda España aprobada por el Gobierno. Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, en sus intervenciones a lo largo de la Comisión Sectorial, pusieron de manifiesto que por vez primera en la larga historia del funcionamiento de este organismo, un Ministerio, en este caso el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas autonomías que albergan de forma mayoritaria la población de una especie, como es en este caso, ya que estas cuatro Comunidades albergan más del 95 por ciento de esta especie.

Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia se han opuesto a la pretensión del Ministerio desde el primer momento en que se planteó el informe del Comité Científico, y “lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos que tanto el Estado como las Comunidades nos hemos dado para llegar a los necesarios consensos: Grupo de Trabajo y Comité de Flora y Fauna Silvestre”, aseguraron fuentes de la Junta de Castilla y León. Además recordaron que “lo han hecho basándose en informes técnicos y científicos que merecen el máximo respeto”.

En este sentido, aseguran que “durante la reunión de la Comisión Sectorial, ni el Ministerio ni ninguna de las Comunidades Autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado al Ministerio y a las demás Comunidades”.

Asimismo, explicaron que “el único aval científico que en su día presentó el Ministerio fue en el informe de un Comité Científico que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso de catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración ya que las poblaciones de lobo en España está acreditado técnica y científicamente que han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma muy importante en los últimos 20 años”.

“Sorprendentemente, y sin ningún criterio que tenga que ver con la conservación o la gestión de la especie, ese mismo Comité sí recomienda que el lobo sí sea incluido en el Listado de Especial Protección por “su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas”, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando nuestras Comunidades y que, de hecho, se recogen en nuestros planes de gestión”, añadieron las mismas fuentes.

El Ejecutivo castellano y leonés también recordó que “el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del de Transición Ecológica con argumentos muy similares a los expuestos por las cuatro Comunidades: por no corresponder con la situación real y la evolución de las poblaciones y por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva muy amenazada por el fuerte incremento del lobo”.

Desde los Servicios Jurídicos de las cuatro Comunidades se analizarán las circunstancias que han rodeado esta sesión de la Comisión Estatal y el propio acuerdo adoptado, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir que una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico.

Además, han manifestado que esa decisión, de llevarse a término, “puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, especialmente, de gestión cinegética de las autonomías cuando la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión, además de suponer un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento”.

Los consejeros de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han expresado su profundo malestar con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado Hugo Morán, que “ni siquiera han respondido a su solicitud de celebrar reuniones al más alto nivel para tratar ese asunto”.

También “lamentan la falta de diálogo y consenso por parte de los representantes del Ministerio y a la vez denuncian la debilidad de esta decisión alcanzada por una mayoría muy ajustada y nada representativa en cuanto a presencia del lobo en las diferentes Comunidades”.

Los consejeros han recordado que son precisamente sus Comunidades las que hoy, como en las últimas décadas, “son y han sido las auténticas garantes de la conservación del lobo y responsables de la gestión de un conflicto” en el que los principales afectados, que son los ganaderos y nuestras zonas rurales, al parecer no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio que también dice afrontar el “reto demográfico” que “sí parecen tener ciertos lobbys ecologistas y animalistas”.

La postura que ha defendido el Ministerio “va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo Ministerio con el consenso de todas las Comunidades en unos tiempos en los que la especie era menos muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones autonómicas”, añadieron desde los Ejecutivos regionales.

Por lo tanto, los representantes de las cuatro Comunidades Autónomas requieren al Ministerio que “abandone la política de imposición de una iniciativa que daña gravemente a los intereses generales de las ciudadanas y ciudadanos de nuestras Comunidades, en unos momentos en los que lo que procede no es dañar a nuestro castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido”.