Fernández Carriedo muestra a la ministra su rechazo al reparto de ayudas a empresas

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, remitió a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, una carta en la que pide la reconsideración de los criterios de reparto por Comunidades Autónomas de los 7.000 millones de euros del plan de ayudas directas a empresas.

Fernández Carriedo argumenta que la existencia de una distribución previa de cuotas entre comunidades puede generar “desigualdades” entre empresas, pymes, autónomos y profesionales en función de su localización. Por ello, considera que lo deseable hubiera sido “una igualdad de trato en las condiciones de acceso a las ayudas, independientemente de su ubicación”.

Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda indica en la misiva que los criterios de reparto son “injustos, al perjudicar especialmente a Comunidades Autónomas con los mismos problemas que Castilla y León”.

En esta línea, manifiesta que “lo más correcto” es que el modelo de gestión y la distribución de los recursos se hubiera acordado con todas las comunidades, por lo que desde Castilla y León se lamenta la ausencia de una consulta.

Por otra parte, el responsable regional de la cartera de Economía y Hacienda señala a la ministra que la Comunidad tiene propuestas relacionadas con la inclusión de algunas actividades productivas que han quedado al margen de las ayudas y que, en caso de haber tenido la oportunidad, se hubieran podido dar a conocer.

Por último, en la carta solicita la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CFPP), para poder abordar estas cuestiones y lograr una coordinación entre el Gobierno y las autonomías “en un momento tan difícil como el que se vive actualmente”.

No es la primera vez que Fernández Carriedo muestra su rechazo a la forma de repartir fondos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Cree que Castilla y León está siendo muy castigado por el Ejecutivo central, y asegura que se ha vueltohacer «otra vez» de manera unilateral, sin contar con las Comunidades Autónomas y sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por eso se espera que el porcentaje enesta ocasión sea más perjudicial sobre los 7.000 millones, debido a que el Gobierno ha preasignado ayudas directas a algunas Comunidades autónomas que excluye a la Región.

Además, las Comunidades Autónomas deberán ser las administraciones responsables del reparto de estas ayudas, así como del «adecuado control» de las mismas, aunque deberán informar al Ministerio de Hacienda del estado de ejecución.