Castilla y León destina 10,88 millones para la contratación de más de un millar de empleos por las entidades locales

El programa de fomento del empleo Preplan destinará este año 10,88 millones de euros, que permitirán las entidades locales de la Comunidad, la contratación 1.080 desempleados. La Consejería de Empleo e Industria, que dirige Ana Carlota Amigo, comunicó a las nueve diputaciones provinciales y a los dieciséis ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes las características y condiciones del programa.

El Preplan se financia a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia, que dirige Ángel Ibáñez. De acuerdo con la regulación de este fondo de financiación local, las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben destinar el 50 por ciento de los fondos asignados a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos, correspondiendo a la Consejería de Empleo e Industria establecer las características y condiciones para la ejecución de los mismos.

Los criterios fijados por la Consejería de Empleo e Industria establecen que las entidades locales podrán financiar con cargo al Preplan los costes salariales y extrasalariales, los costes de Seguridad Social y los de indemnización por finalización del contrato, derivados de la contratación de desempleados inscritos como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Los contratos tendrán una duración de 180 días y se concertarán en régimen de jornada completa, salvo en los municipios de menos de 1.000 habitantes, que podrá concertarse a tiempo parcial. Los trabajadores deberán percibir una retribución equivalente a la categoría que se oferte y en las mismas condiciones que se establezcan para el personal propio de la entidad local contratante.

Las contrataciones deberán dirigirse con carácter prioritario a jóvenes desempleadas menores de 35 años, especialmente los que carezcan de cualificación; mayores de 45 años y desempleados de larga duración, especialmente con cargas familiares. Serán además colectivos específicos: mujeres desempleadas, especialmente víctimas de violencia de género; desempleados mayores de 55 años; personas con discapacidad; personas en riesgo de exclusión social, especialmente beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía; inmigrantes, emigrantes retornados y personas refugiadas o que tengan reconocido el derecho de asilo.

Los contratos deberán formalizarse entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021 con el fin de realizar obras y servicios de interés general y social que sean competencia de las entidades beneficiarias en el caso de los ayuntamientos. En el caso de las diputaciones, los fondos asignados tienen por objeto financiar la ejecución de sus Planes de Empleo con la finalidad de sufragar la contratación de trabajadores, a través de los municipios de su ámbito territorial, para la realización de obras y servicios de interés general y social.