“No se va a cerrar ningún cuartel de la Guardia Civil en Castilla y León”

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró hoy que, con el actual Ejecutivo nacional, “no se va a cerrar ningún cuartel en Castilla y León”, tras las críticas recibidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles ante la dotación con 63 agentes de los 31 nuevos equipos VioGen destinados a la lucha contra la violencia de género en el territorio.

Barcones reconoció que estos agentes “van a estar ocupados y preocupados por evitar la violencia de género y proteger a las 3.300 mujeres que en Castilla y León están dentro del sistema de protección” de VioGen, pero eso no impedirá, según la delegada del Gobierno, que la Guardia Civil esté “desplegada en el territorio” de la Comunidad.

De hecho, defendió que desde la llegada del actual Ejecutivo al Gobierno de España, se ha trabajado para “recuperar las plantillas que se vieron tan mermadas” con anteriores equipos a través de “ofertas públicas de empleo” por las que “hay 700 agentes más en Castilla y León entre Guardia Civil y Policía Nacional”.

“Esa es mi preocupación: no cerrar cuarteles ni mermar el programa VioGen sino incrementar los efectivos en Castilla y León”, apuntó Barcones, que también marcó como retos “mejorar las instalaciones” a través de los 48 millones destinados por el Plan de Infraestructuras y los 58 que, a través del Plan de Recuperación, Transformación Resiliencia, permitirán mejorar las comandancias y cuarteles de la Guardia Civil en la Comunidad.

También enmarcó en dicho objetivo la renovación de la flota de vehículos o el aumento en las retribuciones para la equiparación de Policía Nacional y Guardia Civil, como formas de lograr que “nuestros agentes tengan los mejores medios a su alcance tanto en retribuciones como en equipamientos e infraestructuras”.

Por ello, y aún reconociendo que le parecen “bien” las aportaciones “habidas y por haber” de las asociaciones, reiteró que “ni se van a cerrar cuarteles ni se va a dejar de poner a disposición de las víctimas de violencia de género todos los agentes y mecanismos para garantizar su protección” dentro de Castilla y León, comunidad que Barcones defendió como “segura” gracias, entre otros factores, al despliegue de la Guardia Civil “en el territorio”.

Por otra parte, las corporaciones locales de cuatro provincias de Castilla y León recibirán un montante total de 4.906.595 euros para la contratación de en torno a un millar de trabajadores agrícolas para la realización de obras y servicios municipales durante el tiempo en el que en el campo no hay trabajo por los periodos propios de la siembra, cosecha y recolección.

Se trata de casi cinco millones procedentes del Programa de Fomento del Empleo Agrario del Gobierno, cuya comisión de seguimiento a nivel autonómico tuvo lugar hoy, y tras la que se dio a conocer el montante total para el año 2022, que se incrementa un cinco por ciento con respecto a los 4.672.498 euros destinados al mismo fin en la pasada anualidad.

El ámbito de actuación incluye zonas rurales deprimidas de las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, que entre las cuatro suman un total de 125 municipios que recibirán los casi cinco millones de euros para la contratación de trabajadores agrícolas en los periodos de inexistencia de labor en el campo.

El programa, que se encuentra encuadrado dentro de las políticas activas de empleo del SEPE, permite al Gobierno destinar créditos para subvencionar los costes salariales y de cotización de aquellos trabajadores desempleados, preferentemente agrarios, que son contratados por las entidades locales para la realización de proyectos de interés general y social de su competencia en régimen de adjudicación, con lo que “se apoya el mantenimiento de infraestructuras y servicios de los municipios y garantiza el acceso a rentas de los trabajadores agrarios en épocas fuera de las campañas agrícolas”, según especificó Barcones.

En la Comisión de seguimiento del programa celebrada hoy, en el que además de la Delegación, participaron representantes del Ecyl, el SEPE, las diputaciones y ayuntamientos inversores y CCOO, UGT, CEOE y organizaciones profesionales agrarias, se ratificó la distribución provincial del crédito tras el acuerdo alcanzado por la Comisión estatal de seguimiento del programa, que aprobó la distribución, para toda España, de 271,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 13 millones y del cinco por ciento con respecto a la cantidad distribuida en 2021.

Una cantidad que en Castilla y León se elevó hasta los 4.672.498 euros en 2021 y por la que se contrataron 903 personas: 377 en Ávila gracias a una inversión de 1,6 millones; 270 en Salamanca tras recibir sus municipios 1,5 millones; 171 en Valladolid mediante una inversión de un millón; y 95 en Zamora merced a los 633.000 euros que llegaron a los municipios de la provincia adheridos al programa.

Siguientes pasos

Tras el aumento del cinco por ciento aprobado para 2022, ahora queda acordar la distribución de fondos para cada provincia, tras lo que los consejos comarcales deberán hacer la valoración del desempleo agrario de cada municipio adherido y una distribución de crédito.

Los municipios, con esas propuestas, presentarán un proyecto de obra o servicio y, una vez aprobado este, se recurrirá a la oficina de empleo provincial para que envíe trabajadores, preferentemente agrícolas eventuales, ya que “lo importante es que accedan a un trabajo en los periodos en los que en el campo no lo hay”.