Castilla y León presenta alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno por considerar al lobo especie cinegética

La Junta vuelve a defender, una vez más, la caza controlada del lobo al norte del río Duero y para ello acaba de presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional frente al Gobierno, y volviendo a situarse “al lado de los ganaderos”, respondiendo de esta manera al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo estatal frente a la Ley de Caza de Castilla y León del 1 de julio de 2021 por incluir al lobo como especie cinegética.

“Las verdaderas víctimas son los ganaderos de la Comunidad ante el régimen excesivo de sobreprotección del lobo que persigue el Estado”, según ha destacado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero.

Hay que recordar que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 protegía de manera estricta a las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo.

De esta manera se aprobaba la Ley de Caza de Castilla y León, donde se contemplaba la posibilidad de caza controlada del lobo al norte de Duero en julio de 2021 pero una Orden Ministerial del 20 de septiembre de 2021 ampliaba la restricción de la caza del lobo al norte del río Duero, abarcando todo el territorio de España y alterando la previa previsión legal básica que venía desde el año 2007. Una orden impugnada de inmediato por la Junta, al igual que hicieron otras autonomías y ahora el Estado reclama en este recurso al alto Tribunal respecto a todos los artículos y anexos de la Ley autonómica que hacen referencia al lobo.

Carnero entiende que “en este supuesto no es razonable, ni jurídicamente exigible, la acomodación inmediata de la Ley autonómica a la nueva norma estatal, cuando precisamente la Ley entró en vigor bajo parámetros objetivos de constitucionalidad y respeto a la legislación básica del Estado en el tema del régimen jurídico del lobo”. Y, además, está en serio debate la legalidad ordinaria de la Orden aprobada por el Estado, que restringe su caza, de tal forma que no tiene asegurado su carácter estable o, al menos, no tiene garantizada su permanencia para los operadores jurídicos, dado su cuestionamiento judicial, y cuyo resultado escapa al conocimiento del propio y más alto Tribunal Constitucional.

Carnero indica que la Junta siempre ha actuado de acuerdo “al principio de buena fe y lealtad institucional”, algo que no resulta predicable respecto a la conducta del Estado.

La Ley de Caza de Castilla y León trata también de proteger y mejorar la situación de una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en esta tierra, frente al 36% que supone en el resto de España, es decir, un 15 por ciento más. Además de su importancia económica, la ganadería también es esencial para el asentamiento de la población en el mundo rural, más que ningún otro sector agrario.

En definitiva, como afirma el consejero, “con la presentación de estas alegaciones ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Castilla y León no se sitúa en contra del lobo, pero sí en la búsqueda de un equilibrio estable entre la conservación del canido y el mantenimiento de la ganadería, para lo que no se pueden incrementar sus ataques que, por ejemplo, en el año 2019 fueron de 2.580″. Precisamente, la bondad del régimen que ha estado vigente hasta ahora ha permitido que se pasara en Castilla y León de una estimación de 125 manadas de lobos en 1988 a 175 manadas en el año 2013.