Política
Impulso al nuevo hospital de Aranda de Duero (Burgos) con 118 millones
Además, la Junta aprueba una oferta de empleo público con más de 3.200 plazas
El Consejo de Gobierno autorizó a la Gerencia Regional de Salud la celebración del contrato, por tramitación anticipada y un importe de 118,06 millones de euros, distribuidos en cinco anualidades, para la ejecución de las obras de construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero (Burgos), un compromiso incluido en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025.
La nueva infraestructura sustituirá al actual Hospital Santos Reyes, que tiene una población de referencia estimada en torno a 65.000 habitantes, correspondiente a 114 localidades de Burgos, Segovia y Soria.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, afirmó que la tramitación anticipada pretende autorizar el crédito para que se lleven a cabo los trámites necesarios, ya que la autorización para iniciar el proceso de licitación pública se produce en 2022 pero la actuación se prevé en 2023. “Autorizamos al consejero de Sanidad a que, sin estar aprobado el presupuesto de 2023, disponga de una serie de créditos que no figuran en 2022″, resolvió.
También el Ejecutivo autonómico dio luz verde al acuerdo de la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022, que incluye la 3.217 plazas, de las que el 10 por ciento se reservará para el acceso de personas con discapacidad, y de ellas un dos, para personas que acrediten alguna discapacidad intelectual. Del 8 % restante se destinará, una parte o el total, para las personas con discapacidad que presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo mediante convocatorias específicas.
En concreto, de las plazas de nuevo ingreso, se ofertarán para turno libre 799 plazas para Administración General, de las cuales 381 son de personal funcionario y 418 de personal laboral; 1.085 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitarios, 466 correspondientes al Cuerpo de Maestros y 619 al resto de cuerpos, y 568 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias. Habrá 765 plazas para promoción interna. En este caso, de la Administración General serán 760 plazas, de las cuales 139 son para la promoción interna del personal funcionario y 621 plazas para la promoción interna del personal laboral fijo; y cinco plazas para personal estatutario de las instituciones sanitarias.
Respecto a las tasas de reposición de efectivos, será del 120 por ciento en las consejerías de Educación, Sanidad, así como en los departamos con competencias de control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos; en asesoramiento jurídico y en la gestión de los recursos públicos; en prevención y extinción de incendios; en la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, en las consejerías con competencias en gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo; y consejerías y entes con competencias respecto del personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos. En el resto de los sectores de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, la tasa de reposición será del 110 %.
Además, durante su reunión semanal el Gobierno regional acordó conceder una subvención directa por valor de 10.380.889 euros a 212 proyectos de inversión solicitados por los municipios de Castilla y León que tienen por objeto mejorar los servicios públicos locales que prestan a los ciudadanos y que se desarrollarán a partir del próximo año. Además, aprobó conceder una subvención directa de 92.019 euros al Ayuntamiento de Burgos y otra de 56.316 euros al Ayuntamiento de León.
Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, en la actual coyuntura socioeconómica, los ayuntamientos de la Comunidad están soportando un alza constante de los precios de los suministros y un encarecimiento de los materiales, que dificultan en gran medida llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones de vida y de prestación de servicios a los ciudadanos mediante la ejecución de proyectos de inversión en las infraestructuras y equipamientos locales.
Por ello, consideran “necesaria e imprescindible” la colaboración de la Administración Autonómica con sus entidades locales, continuando el “especial esfuerzo realizado por la Junta con el mundo local a lo largo del año 2022″.
Las actuaciones propuestas son muy variadas, pero destacan la construcción y adecuación de inmuebles municipales que permitan su uso para actividades vecinales o mejoras en la accesibilidad; pavimentaciones y reparación de acerados; la mejora energética de instalaciones municipales, o la modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento, parques y jardines.
Por otra parte, la Junta destinará 7,98 millones de euros para reforzar la capacidad operativa y de gestión de los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de los que es usuaria a través del Centro de Operaciones de Redes y Servicios (CORS). Este contrato, cuyo gasto ha sido autorizado hoy por el Consejo de Gobierno, se ejecutará por un plazo de 48 meses a partir del próximo junio, momento en el que se tiene previsto que finalice el vigente.
El nuevo contrato incluye servicios de plataforma tecnológica, de oficina de proyectos, ingeniería, calidad y soporte experto y de actividades de operación, mantenimiento, actuaciones presenciales e intervenciones en incidencias, en una dotación dedicada a mejorar la fiabilidad y la seguridad de las telecomunicaciones que utiliza la Administración autonómica para impulsar la transformación digital de su actividad.
En materia de infraestructuras, el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco dedica 6,3 millones para ensanchar y mejorar la carretera que une Bóveda de Toro con Cañizal en Zamora. Las obras contemplan la mejora de plataforma y firme del tramo de carretera referenciado, planteando su ensanche hasta conseguir una sección 6/7, con carriles de 3 metros, arcenes de medio metro y bermas de igual anchura a cada lado.
El contrato prevé un plazo de ejecución de 26 meses e incluye la renovación de la señalización y balizamiento de todo el tramo, que cuenta con 19,6 kilómetros de longitud y une las carreteras autonómicas ZA-605 con la CL-605.
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