Asuntos en los Ayuntamientos de Castilla y León copan las quejas al Procurador del Común

Las solicitudes de intervención por parte de los ciudadanos, como medio de reacción y defensa ante lo que entienden como una vulneración de sus derechos individuales o colectivos, han dado origen a la apertura en 2024 de 2.129 expedientes de queja, a los que hay que sumar 144 actuaciones promovidas de oficio; es decir, 2.273 expedientes.

De ellos, 219 han versado únicamente sobre 8 asuntos (por lo que a efectos estadísticos solamente se computan 8 reclamaciones) y se han clasificado como 8 quejas (múltiples), entendiendo por tales aquellas promovidas por, al menos, 10 personas ante el Procurador del Común sobre un mismo problema.

Computado a efectos estadísticos como una sola queja cada asunto de las múltiples iniciadas en 2024, independientemente del número de expedientes a que hayan dado lugar, se han tramitado, pues, 1.918 quejas, que por su procedencia se distribuyen de la siguiente forma entre las nueve provincias de la Comunidad Autónoma:

A las reflejadas en el mapa autonómico, se suman 156 recibidas de otras provincias españolas, 1 queja procedente simultáneamente de dos provincias de Castilla y León, 4 del extranjero y 140 de procedencia desconocida. A tal efecto, se considera que una denuncia procede de la provincia en que se encuentre el domicilio facilitado por el interesado que presenta la solicitud de actuación o, en su caso, por su representante; debiéndose su calificación, en otro caso, como de procedencia desconocida a que ha sido recibida normalmente por medios electrónicos (página web, sede o correo electrónico) sin que se haya identificado de forma expresa el lugar de origen del autor de la queja, aunque este ha de estar personalmente identificado.

Completa la estadística correspondiente al año 2024 la tramitación de 144 actuaciones de oficio, 47 más que el pasado año, promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las Diputaciones provinciales y a diferentes municipios; siempre sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía.

Así, por citar algunos ejemplos, cabe destacar la especial atención sobre el abastecimiento de agua potable en muchas poblaciones de Castilla y León, incidiendo en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos o el control de las fuentes naturales, cuestiones sobre las que se han realizado 93 actuaciones. También se ha actuado en las medidas para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad en aplicación del Real decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre; las plazas de aparcamiento para vehículos con personas con movilidad reducida; las tarifas de acceso a las piscinas municipales para personas con discapacidad o las barreras arquitectónicas en establecimientos hosteleros de Castilla y León; las medidas para el control de la venta y consumo de bebidas alcohólicas por menores; los problemas de tráfico y seguridad vial a las puertas de los centros escolares en horario de entrada y salida de los mismos, así como sobre la seguridad del transporte escolar; los apoyos para el alumnado con discapacidad auditiva; las medidas frente al acoso escolar en Castilla y León; las diferencias en cuanto al tiempo de espera para la realización de pruebas diagnósticas entre hospitales de unas provincias y otras; los reconocimientos médicos para deportistas en edad escolar o las deficiencias en el tratamiento de hormona del crecimiento; la adquisición de productos frescos de proximidad para comedores de hospitales o el consumo de productos alimentarios de proximidad; la demora resolución de expedientes para el otorgamiento de incorporación de jóvenes a la actividad agraria o de mejora de las explotaciones agrarias; las plaga de topillos en fincas de cultivo agrícola o la proliferación de la avispa velutina; la conservación de silos de cereales; la conservación de elementos asociados al Canal de Castilla; la aplicación de la nueva regulación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los municipios de Castilla y León. Además de otras actuaciones más concretas el transporte escolar para un alumno del municipio Porto (Zamora), la accesibilidad de las oficinas de Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León en Valladolid o en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la rehabilitación de la "Fuente del Rey" de Rubena (Burgos), las deficiencias en la Residencia de personas mayores de Flores del Sil (León), el mal estado de conservación y uso de diversas carreteras de la red provincial en varias provincias.

Se han dictado 1.693 resoluciones, de ellas 198 fueron archivadas por no haber apreciado irregularidad en la actuación administrativa y en 1.495 se formularon resoluciones o recomendaciones a las correspondientes administraciones.

En cuanto al grado de aceptación por las Administraciones y Entidades públicas de las resoluciones en las que se formulaba recomendación, recordatorio, deberes legales o sugerencia alcanza en 2024 el 88,79% de las que a fecha 28 de febrero de 2025 hemos recibido contestación.

Durante 2024 se seguido atendiendo de forma presencial y personalizada a los ciudadanos, tanto en la sede del Procurador del Común en León, como en el resto de provincias donde se acude de forma mensual o quincenal. Así, se han realizado un total de 538 entrevistas presenciales, dato similar al del año anterior.

No obstante, los canales de comunicación con la Institución del Procurador del Común en 2025 han sido la sede electrónica, el correo electrónico o la propia web, mediante los que se recibieron 1.387 quejas, muy por encima de las formuladas por medios no digitalizados, que fueron 531, de las cuales tienen especial relevancia, en cuanto al número, las todavía presentadas por correo postal, que asciende a 254.