El próximo 6 de junio se celebrará una nueva Conferencia de Presidentes, en Barcelona esta vez, y este viernes se cierra el plazo dado a las comunidades autónomas para enviar las propuestas que quieren que se debatan en este cónclave autonómico.

En el caso de Castilla y León, el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha enviado ya al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las inquietudes y demandas de la comunidad, que van en «coherencia», decía, con las preocupaciones que los castellanos y leoneses han expresado durante los últimos meses y que además son de interés nacional.

Buscar un acuerdo en torno a las infraestructuras y servicios estratégicos esenciales energéticos, ferroviarios, de transportes y de telecomunicaciones, es la principal prioridad que llevará Mañueco a este cónclave.

Al respecto, la Junta entiende que es fundamental que el Estado y las comunidades autónomas alcancen consensos sobre el futuro de estas infraestructuras, teniendo en cuenta, especialmente, las sucesivas crisis nacionales que se han producido durante los últimos meses y semanas, como el apagón, los problemas de las infraestructuras ferroviarias y su reflejo en la merma de la calidad de los servicios prestados por Renfe, o los cortes de cobertura móvil.

A ello se suma también la supresión de las paradas de autobús o la reducción en las frecuencias de los trenes por parte del Gobierno de España.

Por otro lado, Castilla y León también propondrá una vez más continuar con el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica que sea justo para todas las comunidades autónomas, y que tenga realmente en cuenta las particularidades de cada territorio.

Además, la Junta pedirá debatir sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, y se opondrá en los términos planteados por el Gobierno de España por significar una mutualización de la deuda entre todos los españoles y no garantizarse la igualdad entre todos los españoles.

También propondrá la necesidad de abordar el control de las fronteras nacionales y la inmigración como competencias exclusivas del Estad, así como la necesidad de tratar los problemas derivados del déficit de personal sanitario, sobre todo médicos y enfermeros.